• Se impulsa la creación de un Área de Conservación Regional Bosques del Araza para proteger más de 56 mil hectáreas de bosque amazónico en Camanti, donde habitan más de mil especies. Las actuales ACR son: Choquequirao, Ausangate, Chuyapi Urusayhua, Q’eros-Kosñipata y Tres Cañones.

Imagina despertar en medio de un bosque amazónico: escuchar el crujido de las hojas, el alboroto de los árboles, el aleteo de las aves y las gotas cayendo, aunque no llueva. La mañana se llena de chirridos de insectos y del canto de aves, como el gallito de las rocas.
Esa escena se repite día tras día en los bosques del Araza, en Camanti, provincia de Quispicanchi. Este territorio concentra una de las mayores riquezas biológicas del sur andino-amazónico. Allí viven árboles centenarios, flores silvestres y helechos, además de aves, mamíferos y reptiles, como osos de anteojos, jaguares y otras especies endémicas. En cifras, en este territorio conviven más de 60 especies de mamíferos, 135 de aves, 41 de peces, 32 de anfibios, 11 de reptiles, 117 tipos de insectos y 4 de arácnidos. Y no solo eso: también hay 635 especies de árboles y plantas nativas.
Cada tramo del Araza conserva especies que no sobrevivirían fuera de este corredor natural. El río Araza atraviesa ese territorio como una columna vertebral. Sus aguas abastecen a las comunidades del distrito de Camanti y a otras poblaciones aguas abajo. Sirven para el consumo humano, la agricultura y la pesca. Como toda cuenca hídrica, este río constituye una fuente de vida. Es conocido como una “fábrica de agua”, porque captura humedad para el valle y mantiene condiciones favorables para la producción de cacao y copoazú.
Para proteger este lugar, el Gobierno Regional del Cusco, con el acompañamiento de Conservación Amazónica (ACCA), impulsa la creación del Área de Conservación Regional (ACR) Bosques del Araza. De aprobarse, Cusco sumaría seis áreas de conservación. Actualmente cuenta con las ACR Choquequirao, Ausangate, Chuyapi Urusayhua, Q’eros-Kosñipata y Tres Cañones.
De acuerdo con la consejera regional por Quispicanchi, Luz Marina Casafranca, es clave proteger la zona frente a invasiones territoriales de pobladores de Puno, un conflicto latente que puede acelerar la destrucción del bosque. A ello se suman la tala y la minería ilegal, actividades que podrían abrir trochas, contaminar el río, ahuyentar la fauna y expulsar a poblaciones, como ya ha ocurrido en la región vecina de Madre de Dios.
Cuidar el Araza es una necesidad y demanda una decisión política y social. Son más de 56 mil hectáreas de bosques montanos y pajonales altoandinos. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) aprobó la segunda etapa del proceso y habilitó la fase tres para crear el ACR: actualizar el expediente técnico y socializar la propuesta de zonificación.
Como en todo proceso, hay voces que se oponen a la creación de un área de conservación. Para desacreditarla, afirman que impedirá el acceso a tierras para la agricultura o afectará la economía local, que se entregarán las tierras a terceros, que se restringirá el ingreso al río o que se prohibirá la pesca. Nada de eso es cierto. Un ACR no faculta a ninguna institución ni autoridad a expropiar tierras ni concesionarlas. Su objetivo es gestionar el territorio mediante un comité de gestión conformado por autoridades locales, instituciones y organizaciones sociales, de base y comunales.

• El gobierno regional y los gobiernos municipales ejecutaron casi el 90% del canon y regalías en 2025, pero aún quedaron S/ 260 millones sin usar. La mayor parte se destinó a obras de infraestructura y compras de maquinaria, mientras que transporte, salud y educación concentraron una parte del gasto.

El departamento del s provenientes de canon, sobrecanon y regalías mineras y gasíferas, casi 300 millones menos de lo previsto a inicios de año. De esa cantidad, el Gobierno Regional del Cusco y los gobiernos municipales gastaron el 88,9 %. En general, quedó un saldo cercano a 260 millones de soles.
De todo lo ejecutado, el gobernador regional Werner Salcedo Álvarez y los alcaldes provinciales y distritales destinaron 404 millones 888 mil 726 soles a bienes y servicios, y 216 millones 952 mil 565 soles al pago de servicios de la deuda pública —intereses, entre otros conceptos—.
Sin embargo, el grueso del presupuesto del canon, 2,968 millones 675 mil 046 soles, se destinó a la construcción de edificios y estructuras, la adquisición de vehículos y maquinaria, la compra de activos no producidos, otros activos fijos, inversiones intangibles y otros gastos no financieros.
En el rubro de construcción figuran carreteras; sistemas de electricidad; obras agrícolas; agua y saneamiento; plazas, parques y jardines; monumentos históricos; así como instalaciones educativas, médicas, sociales y culturales.
En el caso de compras, se registran elementos para oficina; equipos informáticos y de comunicaciones; mobiliario; equipos y aparatos médicos; equipos de uso agrícola y pesquero; equipamiento deportivo y recreativo; además de adquisición de terrenos.
Gasto de canon y regalías mineras
En el caso específico del canon y regalías mineras, el Gobierno Regional del Cusco recibió transferencias por 786 millones de soles y gastó el 93,88 %, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los gobiernos municipales, en conjunto, recibieron 2,840 millones de soles y lograron ejecutar, en promedio, el 91,31 %.
Debido a la poca especificidad de los registros del MEF, no es posible identificar con precisión en qué obras o proyectos concretos se invirtieron esos recursos.
No obstante, de acuerdo con el análisis del Instituto Videnza, los sectores a los que el gobierno regional destinó el canon minero fueron: planeamiento, gestión y reserva de contingencia (31%), transporte (23%), salud (11%) y educación (8%).
Por su parte, los alcaldes provinciales y distritales destinaron los recursos principalmente a agropecuario (19%), planeamiento, gestión y reserva de contingencia (18%), transporte (15%) y cultura y deporte (10%).

Cusco, 27 de marzo del 2025. La justicia parece abrirse campo. El Ministerio Público abrió
investigación por 60 días al médico cirujano Max Gonzáles Saavedra y los que resulten
responsables en la muerte de Daniela Quispe Díaz (24) y el estado de gravedad en las que
quedaron una adulta y una adulta mayor en la clínica Oxigen Medical Network O2 de la ciudad
del Cusco.
El caso está a cargo de la fiscal Elsa Girondas Mar, de la Primera Fiscalía Provincial Penal de
Santiago, con el apoyo de la fiscal Massiel Apaza Castillo, adjunta de la Fiscalía Provincial de
Flagrancia.
Desde ambas instancias se firmó la disposición 01-2025, de la carpeta fiscal 247-2025, en el
que se apertura investigación preliminar por 60 días, contra Gonzáles Saavedra y los que
resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud,
en su modalidad de homicidio, sub tipo homicidio culposo.
La responsabilidad recaería, por el repentino deceso de Daniela Quispe Díaz (24), y por el
delito de contra la vida el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones, sub tipo lesiones
graves culposas, en agravio de Melissa Esmeralda Guzmán Alarcón (33).
De acuerdo a un comunicado, se considera como tercero civilmente responsable a la persona
jurídica Oxigen Medical Network. Además, se apertura investigación preliminar por el mismo
tiempo, contra Christiaan Alejandrino Quintana Rodríguez y contra los que resulten
responsables, por la presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud, en la
modalidad de lesiones, sub tipo lesiones culposas, en agravio de María Pauccar Llaqui (75).
También, aperturar investigación preliminar por 60 días en sede fiscal policial, contra el
ingeniero Ángel Naza Vargas Pacheco (Gerente), y el químico farmacéutico, María del Rocío
Vargas Pacheco gerente administrativo y los que resulten responsables, de la referida clínica
por el delito contra la salud pública en la modalidad de suministro infiel de productos
farmacéuticos en forma agravada, (arts. 294 y 294-C del Código Penal), en agravio de Daniela
Quispe Díaz , Melissa Esmeralda Guzmán Alarcón y María Paucar Llaqui y el Estado; y
considerar como tercero civilmente responsable a la persona jurídica Oxigen Medical Network
O2, así como disponer la realización de diferentes diligencias que permitan establecer
elementos de convicción necesarios para continuar con el proceso penal.