Cuatro congresistas del Cusco votaron a favor de la resolución legislativa que inhabilitó por
diez años a la ahora ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Se trata de Katy Ugarte Mamani,
Alejandro Soto Reyes, Guido Bellido Ugarte y Luis Ángel Aragón Carreño.
En una primera votación no se había logrado la cantidad de votos necesaria para la
inhabilitación. Pero, tras un pedido de reconsideración de Renovación Popular, se repitió la
votación y el Congreso alcanzó finalmente los votos requeridos.
Bellido Ugarte y Ugarte Mamani se sumaron entonces a los votos a favor. En la primera
votación, ambos habían marcado distancia de las bancadas que dominan el Parlamento. ¿Por
qué cambiaron? No se sabe. Lo que sí se sabe es que Soto, Aragón, Bellido y Ugarte habían
sido denunciados por Espinoza por diversos delitos.

La inhabilitación de Delia Espinoza ocurrió en medio de un enfrentamiento sostenido entre el
Congreso y el Ministerio Público. Espinoza, desde que asumió la Fiscalía de la Nación de
manera interina tras la salida de Patricia Benavides, impulsó investigaciones contra
parlamentarios y denunció la existencia de un “pacto de impunidad” entre bancadas
mayoritarias.
Su gestión también cuestionó las reformas impulsadas por el Congreso. Ante ello, sectores
políticos la acusaron de abuso de autoridad, omisión de funciones y supuestas interferencias
en procesos internos. El Parlamento utilizó estas acusaciones como sustento para un proceso
exprés de inhabilitación que diversos especialistas calificaron como una represalia política.
Si hablamos de bancadas, votaron a favor Fuerza Popular (FP), Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Renovación Popular, Perú Libre, Acción Popular y algunos congresistas de Somos Perú.

El alcalde provincial del Cusco, Luis Pantoja Calvo, soltó una frase discriminadora para expresar su molestia porque una delegación de la provincia de Chumbivilcas ensució con basura y orines, y causó desorden en la Plaza Mayor de la Ciudad Imperial el domingo pasado. Esa delegación había llegado a presentar el festival navideño de la huaylía.
Si solo se hubiera centrado en el comportamiento inadecuado y en la suciedad que dejaron los chumbivilcanos, el asunto habría quedado allí. Pero el alcalde soltó la siguiente frase: “No
están en su pueblo”.
Para un sector de la población, esta frase tiene una carga discriminadora. Profesionales y
organizaciones sociales de Chumbivilcas protestaron y anunciaron denuncias penales por el
delito de discriminación. Pantoja dijo que fue tergiversado y que no teme ser denunciado.
A causa de las declaraciones del alcalde, hubo opiniones de ciudadanos llenos de prejuicios y
burlas sobre el traje y el baile de la huaylía, una danza declarada por el Estado Patrimonio
Cultural de la Nación. Hubo una demostración de discriminación e ignorancia de parte de
quienes desconocen que una danza, una indumentaria o un disfraz forman parte de la
identidad cultural de los pueblos andinos.
Las bromas y las burlas fueron actos explícitos de discriminación y menosprecio hacia lo rural y provinciano. Como dijo el abogado y político Aarón Medina, ese “no están en su pueblo” evoca el “váyanse a su chacra” que gritaron los polos blancos durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023.
“Es la misma lógica de superioridad disfrazada de opinión. Da pena y preocupa: en un Cusco
con siglos de historia y casi doscientos años de vida republicana, todavía persisten miradas que reproducen jerarquías coloniales y desprecio hacia los propios cusqueños”, señaló Medina.

formales, se encuentran varadas, más de dos días, por el sector de Colquemarca, Chamaca y
Santo Tomás, en la provincia de Chumbivilcas, tras el bloqueo del corredor minero sur, por
parte de mineros informales. Como es de conocimiento público, ellos exigen al gobierno
central, al igual que 14 bases nacionales la ampliación del Registro Integral de Formalización
Minera, hasta el 2026.
La información fue confirmada por el jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri), en
Cusco, coronel Walter Poma, quien señaló que a pesar de no haber paso em la zona, no hay
mayor incidencia que implique intervención del personal policial.
“De darse, alguna situación, que requiera la presencia disuasiva de los efectivos, esto se hará
con pleno respeto a los derechos humanos”, dijo, el jefe de la División de Investigación
Criminal, de manera concreta.
Cabe señalar que, al generarse el bloqueo de los huelguistas, no sólo se ven afectados
trabajadores y mineras por la falta de insumos industriales, sino, la población que se abastece
de productos que llegan de diferentes regiones del país a la zona.
De otro lado cabe señalar que ayer, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez
presentó ante el parlamento una propuesta, que plantea dos puntos: la ampliación del
Registro Integral de Formalización (Reinfo), por un año, y segundo, que no retornen los 50 mil
mineros excluidos del proceso. De no adecuarse el dictamen del legislativo a la misma, dijeron
que la norma será observada.