Nueva Ley MAPE debe frenar a la minería ilegal

Especialistas, autoridades y líderes indígenas coincidieron en un punto: la nueva Ley de
Minería Artesanal y de Pequeña Minería (Ley MAPE) no puede seguir siendo un salvavidas para la ilegalidad. La norma debe ser una herramienta para ordenar la actividad minera a pequeña escala y cerrar definitivamente el paso a quienes destruyen bosques, contaminan ríos y operan al margen de la ley.
Ese fue el consenso en el seminario “Hacia una ley de la minería pequeña y artesanal que
contribuya al desarrollo sostenible del país”, organizado por el Colegio de Abogados de Lima.
Lo artesanal y lo ilegal
César Ipenza Peralta y Karina Cecilia Garay Tapia, del Observatorio de Minería Ilegal (OMI),
entregaron diez propuestas a la Comisión de Energía y Minas del Congreso. La primera:
diferenciar con claridad al minero artesanal del informal y del ilegal.
Garay Tapia explicó que esta actividad tiene dos caras: por un lado, es sustento y dinamiza
economías locales; por el otro, deja impactos sociales, ambientales y legales. “Cada semana,
en las zonas donde se practica, aumentan los índices de criminalidad y de deforestación”,
advirtió.
También cuestionó lo fácil que resulta operar sin cumplir requisitos. “Un minero que quiere
formalizarse solo necesita inscribirse en el Reinfo y ya puede empezar a trabajar. En cambio, si uno quiere abrir una simple tienda, la municipalidad exige permisos y no deja abrir hasta que se cumplan. Con la minería no pasa lo mismo. Necesitamos orden y reglas claras”, dijo.
LAS PLANTAS PROCESADORAS
Para Ipenza, el control debe concentrarse en las plantas de beneficio, donde se procesa el
mineral. Si no se fiscalizan, es imposible rastrear el origen del oro o frenar el uso de químicos
peligrosos. Se debe involucrar a la SUNAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en ese trabajo.
El viceministro de Energía y Minas, Henry Luna, también puso la lupa sobre estas empresas.
Varias figuran entre los principales productores nacionales sin tener minas propias, como Beta
Dorada (octavo productor nacional), Paltarumi (décimo lugar en solo un año de operaciones),
Laitaruma, Caravelí o Paraíso. “¿De dónde sacan el mineral? ¿Lo compran de manera lícita?”,
preguntó, pese a que el Estado debería tener las respuestas.
Angela Grossheim, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, insistió en que se
debe garantizar la trazabilidad no solo del mineral, sino también de la maquinaria, los
combustibles, los insumos químicos y los explosivos que alimentan la minería ilegal. Criticó,
además, que se haya reducido el presupuesto para enfrentar esta actividad ilícita. “La nueva
ley debe estar pensada para la pequeña minería, no para encubrir a la ilegalidad”, dijo.
TERRITORIOS INTOCABLES

El OMI también propuso que la Ley MAPE declare zonas intangibles: áreas naturales
protegidas, ríos, territorios indígenas, bosques y sitios arqueológicos. Esos lugares deben ser
intocables. El oro no puede valer más que el agua o la vida, señaló Ipenza.
La lideresa indígena Teresita Irene Antazú López, del pueblo Yanesha, dio testimonio de lo que ocurre en Madre de Dios. Contó que las comunidades deben caminar una hora para encontrar agua limpia, mientras los ríos están contaminados con mercurio. “Los mineros ilegales envenenan el agua y los peces. La gente ya no puede bañarse porque la piel se les llena de ronchas”, denunció.
Juvenal Silva, de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, añadió este dato: la minería ilegal ya
afecta a 48 comunidades indígenas en la Amazonía, una quinta parte del territorio nacional.
“Lo que ayer era verde hoy es gris plomo”, dijo. Se deforestan miles de hectáreas y se
contamina el agua de cuatro millones de personas.
EL PROBLEMA DEL REINFO
Diana Carolina Gonzales Delgado, congresista de Avanza País, señaló que el Reinfo terminó
siendo un refugio para la informalidad. Como resultado, se extraen minerales sin pagar
impuestos, no se responde por los daños ambientales, se contrata mano de obra en
condiciones precarias y se cometen delitos.
En octubre pasado, contó Gonzales, representantes de los mineros intentaron ampliar el
Reinfo por cinco años más. Ese pedido no prosperó como estaba planteado, pero se amplió
por seis meses más una prórroga de medio año que vence el 31 de diciembre de este año. Sin embargo, Fuerza Popular ya propuso a la Comisión de Economía, pese a que este tema es competencia de la Comisión de Energía y Minas, otra ampliación del registro hasta finales de 2026.