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Cusco

Nueva Ley MAPE debe frenar a la minería ilegal

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Especialistas, autoridades y líderes indígenas coincidieron en un punto: la nueva Ley de
Minería Artesanal y de Pequeña Minería (Ley MAPE) no puede seguir siendo un salvavidas para la ilegalidad. La norma debe ser una herramienta para ordenar la actividad minera a pequeña escala y cerrar definitivamente el paso a quienes destruyen bosques, contaminan ríos y operan al margen de la ley.
Ese fue el consenso en el seminario “Hacia una ley de la minería pequeña y artesanal que
contribuya al desarrollo sostenible del país”, organizado por el Colegio de Abogados de Lima.
Lo artesanal y lo ilegal
César Ipenza Peralta y Karina Cecilia Garay Tapia, del Observatorio de Minería Ilegal (OMI),
entregaron diez propuestas a la Comisión de Energía y Minas del Congreso. La primera:
diferenciar con claridad al minero artesanal del informal y del ilegal.
Garay Tapia explicó que esta actividad tiene dos caras: por un lado, es sustento y dinamiza
economías locales; por el otro, deja impactos sociales, ambientales y legales. “Cada semana,
en las zonas donde se practica, aumentan los índices de criminalidad y de deforestación”,
advirtió.
También cuestionó lo fácil que resulta operar sin cumplir requisitos. “Un minero que quiere
formalizarse solo necesita inscribirse en el Reinfo y ya puede empezar a trabajar. En cambio, si uno quiere abrir una simple tienda, la municipalidad exige permisos y no deja abrir hasta que se cumplan. Con la minería no pasa lo mismo. Necesitamos orden y reglas claras”, dijo.
LAS PLANTAS PROCESADORAS
Para Ipenza, el control debe concentrarse en las plantas de beneficio, donde se procesa el
mineral. Si no se fiscalizan, es imposible rastrear el origen del oro o frenar el uso de químicos
peligrosos. Se debe involucrar a la SUNAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en ese trabajo.
El viceministro de Energía y Minas, Henry Luna, también puso la lupa sobre estas empresas.
Varias figuran entre los principales productores nacionales sin tener minas propias, como Beta
Dorada (octavo productor nacional), Paltarumi (décimo lugar en solo un año de operaciones),
Laitaruma, Caravelí o Paraíso. “¿De dónde sacan el mineral? ¿Lo compran de manera lícita?”,
preguntó, pese a que el Estado debería tener las respuestas.
Angela Grossheim, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, insistió en que se
debe garantizar la trazabilidad no solo del mineral, sino también de la maquinaria, los
combustibles, los insumos químicos y los explosivos que alimentan la minería ilegal. Criticó,
además, que se haya reducido el presupuesto para enfrentar esta actividad ilícita. “La nueva
ley debe estar pensada para la pequeña minería, no para encubrir a la ilegalidad”, dijo.
TERRITORIOS INTOCABLES

El OMI también propuso que la Ley MAPE declare zonas intangibles: áreas naturales
protegidas, ríos, territorios indígenas, bosques y sitios arqueológicos. Esos lugares deben ser
intocables. El oro no puede valer más que el agua o la vida, señaló Ipenza.
La lideresa indígena Teresita Irene Antazú López, del pueblo Yanesha, dio testimonio de lo que ocurre en Madre de Dios. Contó que las comunidades deben caminar una hora para encontrar agua limpia, mientras los ríos están contaminados con mercurio. “Los mineros ilegales envenenan el agua y los peces. La gente ya no puede bañarse porque la piel se les llena de ronchas”, denunció.
Juvenal Silva, de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, añadió este dato: la minería ilegal ya
afecta a 48 comunidades indígenas en la Amazonía, una quinta parte del territorio nacional.
“Lo que ayer era verde hoy es gris plomo”, dijo. Se deforestan miles de hectáreas y se
contamina el agua de cuatro millones de personas.
EL PROBLEMA DEL REINFO
Diana Carolina Gonzales Delgado, congresista de Avanza País, señaló que el Reinfo terminó
siendo un refugio para la informalidad. Como resultado, se extraen minerales sin pagar
impuestos, no se responde por los daños ambientales, se contrata mano de obra en
condiciones precarias y se cometen delitos.
En octubre pasado, contó Gonzales, representantes de los mineros intentaron ampliar el
Reinfo por cinco años más. Ese pedido no prosperó como estaba planteado, pero se amplió
por seis meses más una prórroga de medio año que vence el 31 de diciembre de este año. Sin embargo, Fuerza Popular ya propuso a la Comisión de Economía, pese a que este tema es competencia de la Comisión de Energía y Minas, otra ampliación del registro hasta finales de 2026.

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Cusco

Al menos 26 docentes, escolares y el director de la I.E. Tomasa Tito Concemayta que se intoxicaron por comer aparentemente pollo enlatado en proceso de recuperación

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Docentes, escolares, incluso el director de la institución educativa Tomasa Tito Condemayta de la provincia de Acomayo, se intoxicaron por consumir pollo enlatado, aparentemente del programa Wasi Mikuna.El centro de salud de esta localidad recibió a los pacientes desde la noche del viernes y el sábado, por presentar dolores estomacales, náuseas, vómitos, diarrea y deshidratación, que eran constantes. Los padres denunciaron la carencia de atención y falta de ambulancia para evacuarlos a Cusco.La Gerencia Regional de Salud (Geresa) Cusco, informó que la intoxicación masiva es investigada como un probable brote de enfermedad transmitida por alimentos (ETA), y preliminarmente se sabe que alrededor de 200 personas consumieron alimentos durante el almuerzo del viernes 18 de septiembre. A las 10:30 horas de este último domingo, se han atendido a 26 pacientes, 17 permanecen hospitalizados en Acomayo y 9 fueron referidos a hospitales de la ciudad del Cusco. “Todos los pacientes atendidos se encuentran estables y fuera de peligro; sin embargo, continúan llegando personas con síntomas, por lo que los servicios de salud mantienen activa la atención y vigilancia”, señalaron en un comunicado.Los equipos de Epidemiologia y Salud Ambiental de la Geresa vienen realizando la investigación correspondiente para determinar el alimento involucrado y la causa de este evento.“Se recomienda a quienes hayan consumido alimentos en la institución y presenten dolor abdominal, diarrea, vómitos, náuseas, fiebre o malestar general, acudir a establecimiento de salud más cercano y evitar la automedicación”, finalizan.

Redacción La Última

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Cusco

Conflictos sociales retrasaron drenaje pluvial en Cusco y se alerta eventual paralización de obra

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Los trabajos que involucran la segunda etapa del Proyecto de Drenaje pluvial de la Microcuenca Cachimayo estarían a punto de paralizarse, por una presunta irregularidad que habría cometido el administrador de contratos, este hecho afectaría a más de 200 mil pobladores del Cusco, según información propalada por el diario “Expreso”, el último viernes.
Asimismo, se deja entrever en el informe que, por oposición de la población, la obra se habría retrasado, lo cual, de resolverse este contrato, podría llevar implícitamente a un “arbitraje”.
El proyecto impulsado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Urbano a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), es financiada mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La inversión asciende a S/200’800,723.98 y beneficiarás a las familias de los distritos de Cusco, Santiago, Wánchaq y San Sebastián.
El proyecto de drenaje pluvial considera la construcción de 10.4 kilómetros de colectores, 180 sumideros y dos grandes tanques de almacenamiento de agua de lluvia de seis metros de profundidad, destinados a reducir el impacto de las inundaciones.

Contexto:
Con el fin de poner en marcha la obra se suscribió el contrato el 4 de diciembre del 2024 entre el PNSU y el Consorcio Cachimayo, sin embargo, se indica que “los vecinos de la zona impidieron el inicio de la construcción de los Tanques Tormenta del Sistema Casuarinas, que según el expediente técnico debían levantarse frente a sus viviendas. Ese conflicto social paralizó un frente de obra cuyo cronograma de ejecución equivale, según el contrato, al 60% del total del plazo contractual”.
“El cronograma oficial establecía que los tanques debían comenzar a ejecutarse el 14 de abril de 2025. Pero los vecinos ya habían expresado su rechazo a que estos reservorios se construyeran a escasos dos metros de las puertas de sus viviendas, argumentando inestabilidad del terreno y presencia de napa freática. La tensión escaló el 28 de abril, cuando trabajadores del consorcio que realizaban labores de replanteo fueron expulsados a la fuerza por los pobladores”.
“… Frente a este hecho el administrador de contratos del PNSU, ingeniero Raffo Sotomayor Cabrera, no solo desconoció ese hecho —pese a que los propios vecinos declararon públicamente ante los medios su rechazo a la ejecución de los tanques—, sino que además denegó la ampliación de plazo solicitada, a pesar de que la Supervisión había recomendado aprobarla”, indica el informe del diario capitalino.
De otro lado, en este informe señalan que “Sotomayor intentó previamente resolver el contrato, recomendando iniciar el trámite de resolución contractual por vía notarial y atribuyendo un supuesto atraso al contratista. Ese intento se habría frenado luego de que el contratista recurriera al Poder Judicial para solicitar una medida cautelar”.
“Más aún, informes del propio PNSU y de la Supervisión reconocieron, mediante los documentos CCM-EHP-GEO-ADM-CAR-0189-2025 y CCM-EHP-GEO-ADM-CAR-0253-2025, que el atraso era atribuible a un conflicto social y no a la empresa ejecutora”.
Supervisión recomendó ampliar el plazo
“El supervisor de la obra, Consorcio Concremat-Milla, recomendó al PNSU ampliar el plazo contractual en 158 días mediante la Carta N.° 0182-2026/CCM-JRMR-RCA, del 24 de julio de 2026. La recomendación se sustentó en que la paralización se produjo por un problema social que no fue causado por el contratista”.
“Sin embargo, el 8 de septiembre de 2026, el ingeniero Sotomayor emitió el Informe Técnico N.° 204-2026/VMCS/PNSU/UGPP-BID-CT-PNSU, mediante el cual denegó la ampliación, contradiciendo el sustento técnico y legal presentado por la Supervisión”.
“El problema adquiere mayor dimensión porque, de acuerdo con el expediente, indica el informe del diario Expreso, los tanques tormenta representan el 36% del valor del contrato, pero su ejecución utiliza el 60% del plazo contractual. Es decir, si la ampliación no es aprobada, resulta materialmente imposible que el contratista recupere el tiempo perdido».

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Cusco

Estructuras líticas fueron pintadas por irresponsables enla Zona X, dentro del parque arqueológico de Sacsayhuaman

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Lamentable. Los atentados contra el patrimonio monumental no cesan. Según denuncia de James Hilares, guía de turismo del Cusco, en las últimas horas aparecieron pintas de colores en estructuras líticas de la Zona X, ubicado dentro del Parque arqueológico de Sacsaywamán
Cabe señalar que en el muro de carácter prehispánico se puede leer dos palabras. La primera “Flavio” escrita con pintura de color rojo y la frase “Nixu” con pintura rosada medio fucsia.
Por el tipo de los textos los responsable serían adolescentes o jóvenes que suelen concurrir a la zona X principalmente en horas de la tarde, cuando no hay mayor control de la institución.
James Hilares, tras expresar su desazón por este nuevo atentado, señaló que un hecho muy parecido, se produjo en el mes de marzo de este año, en la Waka de Cheqtaqaqa del parque arqueológico de Saqsaywaman, donde sujetos desconocidos realizaron pintas con aerosol amarillo, tipo grafiti.
En ese sentido, tras el atentado, se solicita la inmediata intervención del Ministerio de Cultura.
Cabe señalar que la Zona X aporta evidencias de ocupaciones preincaicas y estructuras que complementan la visión tradicional de Sacsayhuamán como fortaleza y centro ceremonial inca.

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Resaltantes