Ríos y lagos son contaminados por mineros ilegales

Varios territorios donde antes hubo marchas y protestas para cuidar las fuentes de agua hoy
están bajo amenaza o bajo el control de las actividades mineras informales e ilegales.
En Tambogrande, región Piura, y en Cajamarca y Celendín, región Cajamarca, las poblaciones se levantaron hace no mucho a favor de las lagunas, ríos y manantiales. Sin embargo, allí ahora se ha impuesto la minería que, bajo la denominación de “en proceso de formalización”, opera sin controles.
Esas operaciones mineras contaminan fuentes de agua destinadas al consumo humano y la
ganadería, así como degradan suelos agrícolas. Ese avance no se explica únicamente por su
carácter informal o ilegal. Responde a la falta de liderazgo de autoridades nacionales para
enfrentarla y a que instituciones estatales han sido incapaces de frenar la expansión de esta
minería y garanticen alternativas de desarrollo en comunidades.
Pero no solo prospera por ausencia del Estado, sino también por complicidad de autoridades
locales y actores políticos que permiten sus operaciones. Basta ver al gobierno de Dina
Boluarte y al Congreso que legislan a favor de estas organizaciones. Según un reciente estudio del Centro Wiñaq, el 70,2 % considera que los congresistas respaldan a estos mineros porque reciben financiamiento o buscan capital electoral. Ese vacío de autoridad y complicidad deja campo libre para economías ilegales que, poco a poco, tienen más poder económico e influencia política en regiones.