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Mayoría de agricultores trabajan sin riego y con poco acceso a crédito
Ocho de cada diez trabajadores agrícolas (83 %), según el Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego (Midagri), se dedican a la agricultura familiar. Esa fuerza laboral produce más de la mitad (57 %) de los productos agrícolas y casi la mitad (47 %) de los insumos ganaderos del país.
Videnza realizó el estudio “Agricultura familiar en Perú: caracterización, problemática y
oportunidades”, que bien podría ser una radiografía de esta actividad económica.
En el país, más de tres cuartos de las unidades agropecuarias de agricultura familiar se
encuentran en Cusco, Cajamarca, Puno, Piura, Áncash, Huancavelica, Apurímac, Huánuco,
Junín y La Libertad. Pero la mayoría de estas se ubica en categorías precarias. En Puno, el 81 % son de subsistencia crítica, seguido por Huancavelica (64 %) y Cajamarca (60 %). Una unidad de subsistencia crítica, explica Melany Ferreyra, vocera de Videnza, abarca hasta dos hectáreas y tiene menor nivel de tecnificación. “En su forma crítica (40.1 %), no se utilizan semillas certificadas ni se cuenta con acceso a riego, lo que limita severamente la capacidad
productiva”.
En Cusco y Áncash predominan las unidades agropecuarias de subsistencia no crítica, con más del 70 %. En el norte, en Piura y La Libertad, se hallan en categorías más desarrolladas, como la agricultura consolidada (6.91 % y 7.60 %) e intermedia de mayor potencial (17.87 % y 14.57 %).
Según Ferreyra, los consolidados tienen de cinco a diez hectáreas estandarizadas, utilizan
semillas certificadas y cuentan con riego en al menos una de sus parcelas. En tanto, la
intermedia tiene de dos y menos de cinco hectáreas; usa al menos una tecnología o no cuenta
con ninguna.
Acceso a agua y riego
Estas unidades, que producen alimentos y abastecen mercados, enfrentan problemas. Sin
riego no hay producción o hay baja producción. Por eso es importante trabajar en sistemas de
irrigación, porque actualmente solo el 53.4 % de las unidades, a nivel nacional, cuenta con
riego para, por lo menos, un cultivo.
Hay regiones donde la situación es menos favorable. En Puno, solo el 14.9 % cuenta con riego; en Cajamarca, el 24.3 %; y en Huánuco, el 37 %. En contraste, en Cusco, Áncash y Apurímac alcanzan más de dos tercios, aunque es la región imperial la que llega al 85 %.
Otro dato relevante es que alrededor de 1.1 millones de unidades dependen exclusivamente
de las lluvias para producir. Se trata de cultivos como papa, maíz amiláceo, plátano y café
pergamino.
De las unidades agropecuarias con riego, siete de cada diez emplean el sistema por gravedad, el más antiguo y simple usado en el agro. Se aprovecha la pendiente del terreno para que el agua fluya sin necesidad de bombas ni energía. Este tipo de riego no es eficiente en el uso del agua y, además, reduce la capacidad para gestionar escenarios de déficit o exceso hídrico. Se usa en Piura, La Libertad y Cajamarca. En Puno, en cambio, solo un tercio de las unidades se irriga con esa técnica, como ocurre en Huancavelica y Cusco.
Según Videnza, se usa, sobre todo, el agua de ríos (47.6 %) y manantiales (44.3 %). En Junín, tres de cada cuatro unidades son regadas con agua de río, mientras que en Huánuco y Huancavelica usan manantiales. En Apurímac y Cusco, esta fuente también supera el 60 %.
Puno es el único departamento donde se usa el pozo (más del 67 %).
Es necesario señalar que el acceso a riego aumenta el valor bruto de producción (VBP) en 37 % y el ingreso en 31 %. Por ejemplo, en Puno, el VBP por hectárea cosechada asciende a 2 222 soles, mientras que en Áncash alcanza 7 447 soles. “Esta diferencia no resulta plenamente relevante, pues no responde únicamente a un mayor uso de riego, sino también a la presencia de cultivos con valores monetarios distintos…”, señala Ferreyra.
Por eso, cuando varía el patrón de lluvias y aumenta la temperatura, se perjudican estos
sistemas. En ocasiones, aumenta la incidencia de plagas y enfermedades, lo que genera
pérdidas e incide negativamente en la seguridad alimentaria. De acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), en promedio se pierden entre 2.5 y 3 parcelas por unidad debido a plagas y enfermedades. En la costa norte, El Niño ocasiona lluvias intensas, inundaciones y huaicos; provoca plagas como la mosca de la fruta; en la sierra, heladas y nevadas causan pérdidas de papa y quinua; y en la selva, las inundaciones estacionales, los friajes y las sequías extremas afectan la producción.
Sin acceso a crédito
Solo ocho de cada cien unidades agropecuarias familiares solicitaron crédito en un banco: el
94.5 % lo consiguió. En Junín se registró la mayor proporción, con más del 14 %, seguido por
Piura y Apurímac. En cambio, en Cusco y Huánuco no superan el 3 % y 4 %, respectivamente.
Agrobanco es el principal prestamista; le siguen las cajas municipales y la banca privada. Estas cifras, sin embargo, no son uniformes por departamento. En Áncash, Agrobanco otorga más créditos; en Apurímac lo hacen Agrobanco y las cooperativas; en Cusco y Junín, las cajas
municipales; y en Huancavelica y Huánuco, la banca privada.
Según el estudio de Videnza, estos bajos niveles se deben al acceso limitado a información
relevante, lo que constituye una barrera significativa para la toma de decisiones informadas.
Ferreyra dijo que es posible que los créditos se consideren innecesarios por falta de
conocimiento. “Es probable que muchas unidades agropecuarias sí lo necesiten, pero no lo
reconozcan como una herramienta clave para mejorar su desempeño. Además, existe el
mercado informal, con intereses elevados, al que recurren parte de los agricultores familiares”.
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Pobladores y colonos de Megantoni van a paro indefinido contra TGP por daños ambientales y personales no atendidos
• Comunidades del Bajo Urubamba exigen respuestas tras la emergencia del 1 de marzo en el gasoducto de Camisea.
Pobladores, colonos y dirigentes del Bajo Urubamba se movilizan hacia la comunidad nativa de Camisea, en el distrito de Megantoni. Buscan iniciar un paro indefinido. Reclaman la falta de atención de las autoridades y de las empresas que operan el gas de Camisea.
La protesta apunta a Transportadora de Gas del Perú (TGP). Las comunidades denuncian que la empresa no atendió a los afectados por la deflagración del ducto. El hecho dejó a medio país sin gas por varios días y elevó el costo de la gasolina y la electricidad.
La medida fue anunciada con anticipación. Desde el 1 de marzo, cuando ocurrió la emergencia en el KP 43 del gasoducto, los pobladores sostienen que no se tomaron acciones para contener la contaminación ni para atender a los afectados.
El incidente ocurrió en el sistema de transporte de gas de TGP y generó impactos ambientales y sociales en la zona. Las comunidades esperaban respuestas en una reunión convocada para el 26 de marzo con la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú (PCM). La cita se reprogramó. Desde entonces, no hay nueva fecha ni avances en el diálogo.
Ante ese escenario, autoridades locales, organizaciones indígenas, colonos y jefes comunales decidieron iniciar el paro desde hoy. Los dirigentes dicen que no solo buscan esclarecer lo ocurrido. También exigen que se prioricen los intereses de la población local frente a la explotación de recursos naturales. “Mientras millones de soles se generan por el gas, nuestras comunidades siguen esperando respuestas”, señalaron.
Tras el anuncio, según los pobladores, un helicóptero trasladó a decenas de policías al sector Túpac Amaru. El objetivo sería reforzar la seguridad de las instalaciones y del ducto.
En Megantoni, todavía esperan que el Gobierno y las empresas abran un diálogo real en los próximos días. Si no ocurre, el conflicto puede escalar en una de las zonas clave para la producción de gas.
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Hospital Antonio Lorena de Cusco supera el 90% de avance y su entrega se ratifica para junio
La culminación del Hospital Antonio Lorena de Cusco presenta un avance superior al 90%, informó el gerente regional de Salud, Jorge Farfán Ochoa, quien destacó que «debe cumplirse» la entrega del nosocomio en junio de este año.
“Estamos a más del 90%. Ya se encuentran en el proceso de instalación de los últimos equipos y en la etapa de capacitación. El presupuesto para el personal se terminará de definir el 24 de abril para que, a través de una demanda adicional, se asignen los recursos respectivos”, declaró el funcionario.
Agregó que el gobernador ha realizado las coordinaciones pertinentes con el nivel nacional y que están “únicamente a la espera de que las precisiones en el plan de operatividad culminen” este 24 de abril; a partir de esa fecha, iniciarán las gestiones presupuestales.
En cuanto al anuncio de entrega del hospital para junio, el gerente indicó que “debe cumplirse” con dicha fecha, pues es “el deseo que tenemos todos”, y subrayó que la gestión trabaja intensamente en la siguiente fase: la puesta en funcionamiento.
Finalmente, sobre los pagos pendientes a la empresa constructora, afirmó desconocer los detalles técnicos, pero aseguró que dicho presupuesto ya está garantizado. Reiteró que su gerencia está enfocada exclusivamente en la operatividad del centro de salud.
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Autoridades suspendieron reconstrucción de los hechos que buscaba esclarecer la forma como fue asesinada la escolar de 12 años en Anta
La familia y ciudadanos de la provincia de Anta exigen justicia y cadena perpetua para Jesús Arriaga Huamán (25), “colectivero” acusado de secuestrar y asesinar a la niña A.L.P.CH. (12), después de ofrecerle el servicio de traslado en su minivan.
La mañana de este miércoles 15 de abril se tenía previsto la reconstrucción de los hechos en la vivienda del investigado, ubicado en la comunidad de Haparquilla, sector Santa María; pero la diligencia, por medidas de seguridad, se suspendió.
Sin embargo, los familiares y vecinos de la escolar se asomaron de forma pacífica, para exigir justicia tras las investigaciones y que Arriaga Huamán sea encarcelado de por vida.
Un oficial de la Policía Nacional conversó con ellos, les explicó el protocolo ante una desaparición, pues aun persiste la impotencia en la población, del por qué la policía el día de la desaparición no la buscó y más aún pidió, increíblemente, evidencias.
“Queremos que se haga justicia, la policía protege a los delincuentes, a los asesinos”, decía un familiar incómodo, pues mientras se informaba de la suspensión de la diligencia, aparentemente les filmaban desde la vivienda del “colectivero”.
La reconstrucción de los hechos es una diligencia que se llevará a cabo para esclarecer la presencia de sangre en una habitación, en una herramienta como es una comba y con la cual habría sido victimada la niña, además de más sangre en prendas de vestir que utilizó Arriaga Huamán el día que llevó en su minivan a la pequeña.
La población de Anta no sale de la indignación y convoca a una movilización para expresar su rechazo a la violencia y exigir justicia, medida que lo acatarán este viernes 17 de abril desde las 5 y 30 de la tarde. Recomiendan asistir con polo blanco, pañoleta morada y una vela.
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