De acuerdo al último reporte epidemiológico, la región Cusco, registra más de 360 casos de niños menores de cinco años afectados con la enfermedad mano, pie, boca, una afección viral que se caracteriza por la presencia de erupciones cutáneas, fiebre, dolor de garganta y llagas al interior de la boca.
El gerente regional de Salud, Omar Farfán Ochoa, señaló que 11 de las 13 provincias fueron afectadas, por lo que se ha intensificado acciones de prevención con el fin de que no se expanda la enfermedad viral, principalmente en las instituciones educativas de nivel inicial.
Finalmente cabe señalar, que el gerente regional de Salud, Omar Farfán, recomendó a los padres de familia que, de evidenciar la presencia del virus en sus hijos, no enviar al colegio y no exponerlo públicamente, mantener en reposo, para su recuperación, impulsar el lavado de las manos, por 20 segundos y evitar el uso de juguetes y de utensilios que tuvieron contacto con personas infectadas. (Redacción La Última)

El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo Zavaleta, presentó ante la fiscalía una denuncia penal contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a tres altos funcionarios de esa entidad y al representante legal de la empresa GALAGA S.A.C por las presuntas irregularidades ocurridas durante las Elecciones Generales 2026.
Les atribuye los presuntos delitos contra el derecho de sufragio – atentado contra el derecho de sufragio; delito contra la administración pública – omisión, y rehusamiento o demora de actos funcionales en la contratación de la empresa GALAGA S.A.C. para la distribución de material electoral y los problemas que presentó la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) para el proceso electoral.
En el caso de Corvetto, la denuncia indica que, a pesar de la “crisis logística y tecnológica”, “mantuvo una conducta omisiva sistemática” y no informó oportunamente al Pleno del JNE la magnitud de la falta de material, permitiendo que la ciudadanía permaneciera en un estado de desinformación total durante la mayor parte del día.
Señala además que, ante la inminente e irreversible quiebra del sistema de instalación de mesas, “pretendió mitigar el impacto institucional anunciando que gestionaría la exoneración de las multas electorales para los ciudadanos impedidos de sufragar debido a la falta de material”, hecho que constituye “una aceptación tácita del incumplimiento de sus funciones esenciales como garante del proceso”.
En tanto, la denuncia atribuye a Edward Eloy Alarcón, gerente de Administración de la ONPE, haber presuntamente omitido activar los mecanismos de supervisión directa sobre la flota de GALAGA S.A.C., lo que permitió la vulneración de la seguridad nacional electoral al entregar el material a un tercero sin las garantías mínimas de fidelidad y control. Ello habría facilitado la obstaculización del desarrollo electoral por parte del proveedor privado.
Asimismo, precisa que José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral de ONPE, habría permitido que “el sistema tecnológico sufriera un colapso sistémico reportado en locales de votación, donde la falta de reconocimiento de códigos y fallas en la verificación biométrica impidieron el inicio de la jornada electoral”.
Asimismo, la denuncia penal incluye a Ricardo Javier Saavedra Mávila, gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional de la ONPE.
De igual manera, contra Juan Charles Alvarado Pfuyo, en su condición de representante legal de la empresa GALAGA S.A.C.
El procurador del JNE, en declaraciones a RPP, puntualizó que el JNE considera que ha habido una serie de irregularidades que deben investigarse a nivel fiscal para que se determine la responsabilidad en estos hechos.
«Una vez que se abra la investigación, se va a realizar una serie de diligencias y se va a poder determinar si hay otras personas que estarían involucradas justamente estos hechos», aseveró. (Andina).

• Werner Salcedo rechazó la ampliación de 33 meses otorgada a la concesionaria del Sanctuary Lodge. Denuncia sesgo en el arbitraje y alerta que el fallo podría abrir la puerta a reclamos similares de otras empresas concesionarias.

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, marcó distancia del laudo arbitral que otorga a Belmond una ampliación de 33.6 meses en la administración del hotel Sanctuary Lodge, ubicado en Machupicchu. Calificó la decisión como injusta, cuestionó el rol de la Procuraduría General de la República y advirtió posibles conflictos de interés en el tribunal arbitral.
Salcedo expresó su desacuerdo con la posición oficial de la Procuraduría, que consideró el resultado como un “logro significativo” al reducir el plazo inicial solicitado por la empresa (64 meses) a poco más de 33. “No comparto que se presente como victoria algo que en esencia prolonga una concesión que ya supera los 30 años”, sostuvo.
Cuestionamientos al arbitraje
El laudo fue emitido en un proceso administrado por la Cámara de Comercio de Lima, lo que para Salcedo Álvarez genera dudas sobre la imparcialidad del tribunal. Señaló un presunto sesgo al advertir que el presidente de dicha institución mantiene vínculos políticos al ser candidato al Congreso por Renovación Popular, agrupación liderada por Rafael López Aliaga, quien tiene acciones en esta empresa hotelera.
“Hay un sesgo evidente cuando quien dirige la entidad arbitral participa activamente en política y pertenece a un partido relacionado con intereses empresariales en este caso”, dijo.
Además, Salcedo extendió sus críticas al sistema judicial y cuestionó decisiones previas como la emisión de medidas cautelares favorables a la empresa y sugirió posibles conflictos de interés en algunos magistrados.
“¿Cómo enfrentamos la corrupción si existen fallos que a todas luces resultan ilegales?”, se preguntó, al tiempo que planteó la necesidad de una reforma estructural del Poder Judicial.
Otras concesiones en riesgo
Uno de los puntos más fuertes de su intervención fue la advertencia sobre las consecuencias del laudo. Según el gobernador, el fallo podría sentar un precedente peligroso para otras empresas concesionarias.
Mencionó el caso de PeruRail, que, dijo, podría solicitar una ampliación similar en sus contratos. Lo mismo ocurriría con concesiones viales y otros activos del Estado, que podrían argumentar afectaciones por la pandemia o conflictos sociales para exigir extensiones contractuales.
“El mensaje es claro: si el Estado ‘causó’ perjuicios, entonces corresponde ampliar contratos. Eso abre una puerta que puede desbordarse”, advirtió.