El alcalde de Pichari, Hernán Palacios Tinoco, se pronunció sobre el presunto caso de corrupción que involucra al burgomaestre de La Convención, Alex Curi León. La autoridad edil recomendó a su colega “ponerse a derecho y afrontar” las investigaciones fiscales a fin de esclarecer su situación legal.
Palacios lamentó que estos hechos afecten directamente el avance de diversos proyectos en beneficio de la población. “Teníamos coordinaciones con él desde los distritos para el financiamiento de proyectos de inversión pública; la ausencia del alcalde titular retrasa esas gestiones. Trataremos de entablar un diálogo con quien ha quedado encargado para ver de qué manera las encaminamos”, declaró.
Respecto al proceso judicial, Palacios indicó que será la justicia la que determine la responsabilidad del investigado. Precisó que, mientras duren las indagaciones del Ministerio Público, prima la presunción de inocencia. Sin embargo, al ser consultado sobre su vínculo personal con Curi (a quien calificó como amigo) prefirió no emitir un juicio de valor sobre su culpabilidad, reiterando que la decisión final está en manos del juez.
El último jueves 30 de abril se llevó a cabo una diligencia de allanamiento en el local institucional dela municipalidad de La Convención y otros inmuebles, incluida la vivienda del alcalde Alex Curi.
DETALLES DEL CASO Y DETENCIÓN PRELIMINAR
El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, liderado por el magistrado Guido Castillo Lira, ordenó la detención preliminar por siete días de Alex Curi y de su exconductor, Juan Carlos Ramos Huamán. Ambos son investigados por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo.
La tesis fiscal sostiene que en la Municipalidad Provincial de La Convención se habría instaurado un mecanismo irregular para favorecer a proveedores. Esta denuncia, que data de 2024, cuenta con el respaldo de un colaborador eficaz que ha entregado recibos de depósitos, chats, documentos y cotizaciones que comprometerían a los involucrados.

Tras deflagración en Megantoni según informe de fiscalización de Osinergmin

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), tras la deflagración ocurrida en el KP43 del sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural en Megantoni, Cusco, realizó acciones de supervisión en la zona, llegando a la conclusión de que el concesionario incumplió obligaciones establecidas en los contratos de concesión.
Así se sabe que la empresa concesionaria “no suministró el suficiente flujo y presión de gas necesarios para atender los requerimientos máximos diarios entre el 1 y 13 de marzo del 2026, obligación contractual que establece que el sistema debía ser diseñado, construido, mantenido y operado para restringir paros no programados y proporcionar una disponibilidad del 99% para un año continuo”.
Frente a esta situación, el organismo regulador ha remitido al Ministerio de Energía y Minas el informe de fiscalización del Contrato de Concesión de Transporte de Gas Natural por Ductos de Camisea al City Gate, considerando el evento ocurrido el 1 de marzo de 2026 en el KP 43 y, el Informe de Fiscalización del Contrato de Concesión de Transporte de Líquidos de Gas Natural por Ductos de Camisea a la Costa, para la evaluación y adopción de las acciones que correspondan.
De acuerdo con el marco legal vigente, Osinergmin debe fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la normativa sectorial, técnica y contractual bajo su ámbito de competencia. La eventual aplicación de penalidades u otras acciones derivadas del contrato de concesión, corresponde al Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de concedente.
Es necesario agregar que, Osinergmin continúa su investigación técnica, con el objetivo de determinar la causa de la deflagración, así como verificar el cumplimiento oportuno de las obligaciones del concesionario. De identificarse incumplimientos, se iniciarán los procedimientos administrativos sancionadores que puedan corresponder. Los resultados de aquella investigación serán comunicados oportunamente, siempre garantizando un análisis riguroso y transparente.

• Comunidades del Bajo Urubamba exigen atención sanitaria e indemnización por deflagración de ducto, mientras la PCM reprograma la reunión para el 21 de mayo en Camisea.

El Comité de Gestión para el Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba (CGBU) confirmó que la segunda sesión de la Mesa Técnica para el desarrollo de los distritos de Megantoni y Sepahua ha sido reprogramada para el 21 de mayo a las diez de la mañana en la comunidad de Camisea. La cita, originalmente prevista para el 7 de mayo, fue reprogramada por decisión unilateral de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Este cambio de fecha ocurre pese a que no se ha resuelto la crisis social ni ambiental en la zona, luego de la deflagración del ducto de gas de Camisea, ocurrida el uno de marzo pasado, durante trabajos de mantenimiento de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP).
Ese accidente afectó a comunidades indígenas de los distritos de Megantoni y Sepahua. Según las organizaciones indígenas, la emanación de gas afectó la salud de la población local, sobre todo menores, en las comunidades de Camana, Timpía, Saringabeni, Sababantiari y Kitaparay. Los afectados reportaron mareos, náuseas, vómitos, dolor estomacal, ardor en la piel, irritación ocular y de garganta.
Gas sin desarrollo para las comunidades
A pesar de que el proyecto Camisea lleva más de dos décadas extrayendo gas que abastece a gran parte del país, los líderes indígenas denuncian que las comunidades de la zona no han visto que esa riqueza mejore su calidad de vida. El distrito de Megantoni (donde se produjo la deflagración) es el que concentra el mayor ingreso por canon gasífero del país: superó los 327 millones de soles en 2025 y alcanzó picos de más de 750 millones en 2023, aunque las comunidades no tienen acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad estable ni atención de salud oportuna.
El presidente del CGBU, Hitler Sebastián Pascal, señaló que las comunidades del Bajo Urubamba pagan hasta tres veces más que los limeños por un balón de gas, a pesar de vivir en la zona productora. «Lamentablemente, este recurso no se revierte en la calidad de servicios que deberíamos tener como ciudadanos peruanos».
Una agenda pendiente
La Mesa Técnica, creada en respuesta a las movilizaciones y exigencias de las organizaciones indígenas, debe servir para canalizar las demandas históricas de las comunidades productoras de gas.
El alcalde de Megantoni, Esaú Ríos, viajó al Congreso para denunciar el abandono estatal. «No es posible que el distrito que tiene gas de Camisea siga viviendo así, sin atención como corresponde», declaró en Lima e informó que entre 1,000 y 1,500 personas resultaron afectadas directamente por la deflagración. La demanda es que hay indemnización para las comunidades damnificadas.
Además, los líderes indígenas han solicitado al Ejecutivo y al Legislativo un fondo de emergencia ambiental y compensaciones por los daños causados.
La sesión del 21 de mayo en Camisea deberá definir esas prioridades y un cronograma de ejecución de obras que garanticen el desarrollo del Bajo Urubamba y su integración con la región Ucayali.