El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Convención logró una sentencia condenatoria contra cuatro ex servidores públicos de la Municipalidad Provincial de La Convención y una empresaria, luego de hallarlos culpables del delito de colusión simple, tras demostrarse las concertaciones ilícitas cometidas durante los meses de junio y julio del año 2015.
El fallo judicial dictó cuatro años de prisión efectiva para Fany Elvira Díaz del Mar, exjefa de la Oficina de Abastecimiento. Asimismo, se impuso una pena de cuatro años de libertad (convertida a 208 jornadas de servicio comunitario) para José Agapito Dongo Marca (exjefe de Personal) y Nilton Betancurt Portillo (exjefe de Cotizaciones). Por su parte, el exoperador del SIAF, Kenny Elvis Pinares Montesinos, y la gerenta de la empresa Faberis E.I.R.L., Erika Araujo Echegaray, recibieron tres años de pena restrictiva convertida a 156 jornadas comunitarias. Todos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos y deberán pagar una reparación civil solidaria de 30 mil soles a favor del Estado.
Según la investigación fiscal, los ex funcionarios municipales y la representante legal de la empresa Faberis E.I.R.L. concertaron para defraudar a la institución mediante el fraccionamiento deliberado en la compra de uniformes para el personal municipal. A través de cuatro requerimientos independientes por montos menores a las 3 UIT, que sumaron un total de S/. 45,480.50 soles, los sentenciados evitaron llevar a cabo un proceso de selección regular y competitivo, vulnerando de forma directa los principios de transparencia, legalidad, competencia y eficiencia contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado.
Durante el juicio oral, el Ministerio Público acreditó graves irregularidades documentales y operativas en los procedimientos de contratación, tales como la sustracción y reactivación informática de órdenes de compra previamente anuladas en el sistema del área de abastecimiento. Del mismo modo, se demostró que el proveedor entregó la totalidad de las prendas en un solo bloque y antes de que se emitieran formalmente las órdenes de compra obligatorias. Esta recepción anticipada e irregular fue validada por los propios exfuncionarios para asegurar el beneficio de la empresa adjudicada, configurándose plenamente el ilícito penal.

Redacción La Última

La Contraloría General de la República identificó que la camioneta oficial asignada al despacho de alcaldía de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, de placa de rodaje EAI-463, fue utilizado para actividades particulares, de manera injustificada y fuera del horario laboral, lo que significa un uso irregular de bienes del Estado.
En el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 005-2026-OCI/1627-AOP, que comprende el periodo de evaluación del 8 al 27 de abril de 2026, se señala que la unidad móvil fue interceptada por efectivos policiales mientras en su interior se transportaban bebidas alcohólicas, lo cual denotó un uso irregular e injustificado de bienes del Estado, no acorde a los objetivos institucionales, que afectó la imagen de la institución.
El hecho derivó en la detención de los ocupantes, entre ellos el alcalde Máximo Rimachi Morales y trabajadores ediles, además de la retención del bien estatal por parte de la Policía Nacional del Perú, que mantuvo bajo custodia el vehículo oficial intervenido durante una incursión nocturna en inmediaciones de una asociación de vivienda.
La Contraloría enfatizó que se constató que el vehículo transportaba a una persona ajena a la entidad, contraviniendo las disposiciones de control interno y seguridad.
DE LA INTERVENCIÓN
La comisión de control analizó la papeleta de salida, los registros del cuaderno de control de vehículos y los informes de la oficina de recursos humanos, los cuales confirmaron que no existía una comisión de servicio autorizada ni justificación protocolar para el desplazamiento de la unidad en dicho horario. Estas decisiones omitieron las prohibiciones vigentes sobre el transporte de personal no autorizado y el uso de los bienes estatales.
Cabe indicar que el Reglamento Interno de Servidores Civiles y el Código de Ética de la Función Pública prohíbe estrictamente el uso de bienes, servicios o infraestructura estatal para asuntos personales o ajenos al cumplimiento de las labores asignadas.
Los hechos contravienen los principios de probidad y legalidad, ya que el uso de los recursos del Estado debe orientarse exclusivamente a la satisfacción del interés general y la obtención de niveles de eficiencia en la gestión pública.
Ante estos hallazgos, la Contraloría General de la República recomendó al titular de la entidad adoptar las acciones inmediatas que correspondan en el ámbito de sus competencias para el deslinde de hechos que evidencian presunta responsabilidad de autoridades y servidores de comuna distrital de San Jerónimo.

Redacción La Última

Rescatistas de la Dirección de Cultura de Cusco y de Alta Montaña de la Policía Nacional retomarán mañana la búsqueda del turista australiano Matthew Cameron Patron (53), reportado como desaparecido tras caer del Camino Inca a Machu Picchu, tramo Wiñaywayna – Intipunku.
El visitante habría caído a un precipicio en una zona cercana al sector conocido como «50 gradas». Tras conocerse el hecho, los equipos de rescate iniciaron de inmediato las acciones de búsqueda en una zona de difícil acceso y pronunciada pendiente.
La cuadrilla realizó técnicas de progresión vertical. Durante estas labores se hallaron algunas pertenencias que podrían corresponder al ciudadano desaparecido. Las acciones de búsqueda continuarán con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y las instituciones que integran el Sistema de Comando de Incidentes (SCI).