Seis personas fueron rescatadas por personal de la División de Investigación Criminal, a la altura del puente Sibayllohuato, en el distrito de Kimbiri, provincia de La Convención, en Cusco, luego, de que el río incrementó su caudal de manera desmesurada, por las intensas lluvias, inundando viviendas y arrasando cultivos a su paso.
Se indica que en el escuadrón de emergencia también participaron miembros del ejército peruano, rescatistas, así como bomberos.
Las primeras informaciones llegaron en horas de la tarde, luego de que el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, confirmara que por el desborde del rio, se encontraban atrapadas dos personas, en la zona, por lo que, ante la imposibilidad de rescatarlos, se solicitó en un primer momento un helicóptero.
Asimismo, se refirió que en medio de la emergencia se contabilizaban alrededor de 65 viviendas inundadas. De este grupo, 45 familias se pertenecían al sector de Santa Virginia y otras 20 familias a Pomorani, distrito de Kimbiri, ubicado en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
De otro lado, se indicó que las vías de comunicación hacia estas zonas habían sido afectadas con piedra y lodo, así como los campos de cultivo.
Según indicó la autoridad regional, se dispuso la movilización de maquinaria pesada para la habilitación del paso.
Por su parte, el alcalde de Kimbiri, Héctor Dipas Torres, antes del rescate, solicitó el auxilio para los atrapados por el río, quienes se hallaban a la altura del sector Villa Esperanza.

El representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco, Óscar Luque, confirmó que se registraron retrasos de entre tres y cuatro meses en la entrega de medicamentos e insumos oncológicos para los pacientes de la región. El funcionario explicó que, tras una inspección realizada la semana pasada por un comisionado de la institución en un hospital local, se constató que las órdenes de servicio para la adquisición de fármacos se vienen ejecutando, por lo que las entregas debieron empezar a normalizarse de manera progresiva desde el pasado miércoles.
Luque reconoció que esta situación genera una grave afectación al interrumpir los tratamientos rigurosos que requieren los enfermos de cáncer, aunque atribuyó parte de las demoras a dificultades administrativas y a un déficit presupuestario en el sector salud que ya se arrastra desde el año pasado. Asimismo, indicó que los servicios críticos como radioterapia y braquiterapia están siendo derivados temporalmente mediante convenios a nosocomios ubicados en Arequipa y Lima, mientras que las prácticas de quimioterapia también se atienden en la capital.
Ante los cuestionamientos sobre el rol de la entidad y la diferencia entre las versiones de la gerencia de salud y la realidad de los nosocomios, el representante rechazó ser considerado un vocero del sector. Defendió la labor realizada tras una movilización conjunta con pacientes oncológicos, la misma que derivó en la suscripción de un acta de compromiso con los responsables de la administración para asegurar el cumplimiento de las órdenes de compra y el seguimiento respectivo.
Finalmente, el funcionario instó a los usuarios afectados que aún no reciban sus medicamentos o tratamientos oportunos a formalizar sus quejas directamente en las oficinas de la Defensoría del Pueblo. De este modo, la institución podrá intervenir de manera directa en su favor, fiscalizando que los compromisos asumidos por las autoridades sanitarias se cumplan tanto a nivel local como en las derivaciones hacia otras regiones del país.

Un video grabado por la propia víctima y otras pruebas respaldan la medida cautelar contra el agente de 27 años, quien podría recibir una condena de hasta 26 años de cárcel.
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Sicuani ordenó nueve meses de prisión preventiva contra el efectivo policial L.J.Q.V. (27), acusado de violación sexual en agravio de la menor L.U.B.R.C.C.Q.U. (14).
La jueza Nataly Consuelo Cáceres Velarde dispuso la medida a solicitud de la fiscal Yidka Zorrilla Chacón, dispuso el internamiento del imputado en el penal de varones del INPE desde el 11 de octubre de 2026 hasta el 10 de julio de 2027.
La magistrada rechazó el pedido de la defensa para afrontar el proceso en libertad debido al riesgo de fuga, la posibilidad de entorpecer la investigación y la gravedad de la posible condena, la cual oscila entre los 20 y 26 años de cárcel.
Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron la mañana del domingo 11 de octubre de 2026, cuando el agente, quien se encontraba de vacaciones, engañó a la menor cerca de su centro de trabajo pidiéndole que le mostrara la ruta hacia un colegio. Tras lograr que abordara su motocicleta (placa 1248-RX), la trasladó contra su voluntad a una vivienda privada y la encerró en una habitación para abusar de ella.
La captura del efectivo policial se logró de inmediato gracias a que la víctima, al ser liberada, grabó con su teléfono celular al agresor, lo que permitió a su familia y a la Policía ubicarlo y detenerlo.
Entre las pruebas más determinantes destacan la declaración de la víctima en Cámara Gesell, los exámenes médicos que confirmaron sus lesiones físicas, las pericias psicológicas, los rastros biológicos hallados en la escena del crimen y el video grabado con el celular.
Con este fallo, la autoridad judicial dispone el internamiento del investigado para asegurar el desarrollo del proceso sin riesgos de fuga ni entorpecimiento, mientras la fiscalía avanza con las investigaciones correspondientes.