• Un informe del Órgano de Control Institucional revela que el proyecto de S/17 millones carece de supervisor, utiliza materiales fuera de norma y tiene a profesionales sin habilitación vigente.

El Paseo de los Incas, obra vendida como emblemática por el alcalde del Cusco, Luis Pantoja Calvo, puede se está convirtiendo en un proyecto manchado por irregularidades. El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco emitió un informe sobre la obra «Creación de los servicios de espacios públicos urbanos en el espacio público Paseo de los Incas». El proyecto, que se ejecuta por administración directa con un presupuesto de 17 millones de soles, acumula al menos nueve situaciones adversas que comprometen su calidad, legalidad y seguridad.
La Contraloría detectó que la municipalidad no contrató un supervisor de obra, fraccionó compras, utiliza materiales fuera de especificación y tiene personal técnico sin habilitación profesional. En juego está más de 5 millones 212 mil soles que fueron devengados hasta el momento del control.
El Informe de visita de control 009-2026, del 3 de junio, advierte que el proyecto categoría «C», por su alto presupuesto, se ejecuta con un inspector de obra en lugar de un supervisor. La normativa exige que cualquier obra con costo igual o mayor a 4.3 millones de soles cuente con supervisión obligatoria. La municipalidad intentó contratar un supervisor a fines de 2025, pero el proceso no se concretó. Hasta la fecha, la entidad no ha tomado acciones para subsanar esta falta, pese a que el proyecto supera los 17 millones.
Los responsables de la obra tampoco cumplen con los perfiles exigidos. La Contraloría verificó que el residente de obra, Gean Marcos Quispe Castro, fue designado en julio de 2025 con apenas cinco años y diez meses de colegiatura. La directiva exige un mínimo de ocho años de experiencia en obras públicas de similar naturaleza para proyectos de categoría C.
Asimismo, señala que el inspector de arquitectura y el ingeniero de seguridad no se encuentran habilitados para ejercer su profesión. El arquitecto Ruperto Garay Tamayo y el ingeniero Barnaby Bustamante Navarrete figuran como inhabilitados en los registros del Colegio de Arquitectos y del Colegio de Ingenieros del Perú.
La ejecución de la obra también presenta graves deficiencias técnicas. La Contraloría constató que los trabajadores utilizan piedra laja con espesores menores a los exigidos en el expediente técnico. Las especificaciones requieren un mínimo de 1 1/2 pulgadas de espesor, pero el material colocado es más delgado. Además, el mortero de asentado contiene materiales que no corresponden a la mezcla establecida (proporción 1:4 cemento-arena). Estos incumplimientos podrían afectar la durabilidad y calidad de los pisos y pavimentos del Paseo de los Incas.
El personal técnico tampoco trabaja a tiempo completo ni con dedicación exclusiva. El ingeniero Ricardo Montoya Jara aparece como inspector de calidad de cuatro proyectos simultáneos, pese a que el expediente técnico exige su dedicación al 100 % en esta obra. El ingeniero Romario Pumachara Corrales, modelador BIM, fue encargado adicionalmente como ingeniero de calidad, asumiendo dos cargos distintos en el mismo proyecto. La normativa prohíbe que un profesional participe en más de una obra o tenga doble función, salvo que el expediente técnico contemple una participación menor al 50 %.
La gestión del alcalde Luis Pantoja tampoco contrató a los especialistas contemplados en el expediente técnico. Se verificó la ausencia de profesionales en arqueología, topografía, mecánica de suelos, estructuras metálicas y electricidad. El residente e inspector reconocieron que, pese a haber solicitado su asignación, la entidad no los ha contratado. Esta situación genera el riesgo de ejecutar partidas sin el control técnico especializado necesario.
El almacenamiento de materiales también es deficiente. La Contraloría encontró madera, agregados y acero expuestos a la intemperie, sin señalización y en contacto directo con el piso. Los materiales no cuentan con tarjetas de control visible o las tienen desactualizadas, lo que podría generar merma o pérdida de los bienes. La situación altera las propiedades del concreto y morteros que se elaboran en obra.
La obra carece de medidas básicas de seguridad y salud. Las áreas de trabajo, vías de circulación y rutas de evacuación no están señalizadas ni libres de obstáculos. Los residuos y materiales sobrantes permanecen esparcidos por el suelo. Tampoco se han ejecutado los monitoreos ambientales de calidad de aire y ruido que exige el expediente técnico, a pesar de que estos deben realizarse al inicio, durante y al final del proceso constructivo.
La Contraloría también detectó un posible fraccionamiento de compras. La municipalidad adquirió combustible, madera, triplay, agregados y alambre negro mediante requerimientos parciales por montos menores a 8 UIT (aproximadamente 41,200). Sin embargo, el total de cada tipo de bien supera ese límite, lo que evita la realización de procedimientos de selección. Esta práctica podría vulnerar la legalidad y la competencia en las contrataciones públicas.
Estas nueve situaciones adversas afectan o podrían afectar la continuidad, el resultado y el logro de los objetivos del proyecto. El alcalde Luis Beltrán Pantoja debía adoptar acciones preventivas y correctivas en un plazo máximo de cinco días hábiles, pero no se sabe si lo hizo.

Redacción La Última