• Un informe de control revela que esta comuna no gestionó financiamiento ni ejecutó acciones preventivas pese a tener tres zonas calificadas con nivel de peligro «alto», y mantiene sin respuesta una solicitud de financiamiento.

Un informe de visita de control de la Contraloría determinó que la Municipalidad Distrital de Huayllabamba, en Urubamba, no adoptó acciones oportunas para gestionar la atención de los riesgos identificados en tres puntos críticos del río Vilcanota. Con eso deja expuestas a 675 personas, 135 viviendas y 37 hectáreas de cultivo ante posibles inundaciones y desbordes.
El documento, elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Urubamba, detalla que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) elaboró las fichas técnicas referenciales 0751, 0752 y 0753 el 13 de octubre de 2025 e identificó tres puntos críticos en los sectores Huayoccari, Huayllabamba y Huycho. Todos calificados con nivel de peligro «alto» por inundación y erosión fluvial.
La municipalidad recibió las fichas el 23 de octubre de 2025 y las derivó a la Subgerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural para su atención. Sin embargo, la Unidad de Gestión de Riesgos —el área responsable de liderar las acciones de prevención— nunca recibió las fichas para su conocimiento, evaluación y atención, según corroboró el propio jefe de dicha unidad en el formato 01 aplicado el 7 de julio pasado.
Pese a que la entidad utilizó la información de las fichas para solicitar opinión técnica favorable para acceder a financiamiento a través de FONDES no acreditó haber adoptado acciones articuladas para implementar las medidas de reducción del riesgo. Tampoco recibió respuesta formal a su solicitud de financiamiento.
Los elementos expuestos en los tres sectores críticos incluyen: 675 habitantes en situación de vulnerabilidad directa, 135 viviendas que podrían ser afectadas por inundaciones y erosión, 37 hectáreas de áreas agrícolas podrían perderse, así como infraestructura vial, canales de riego y ganado.
El presupuesto referencial para ejecutar las medidas de protección asciende a más de S/11.5 millones: S/2 046 997 para Huayoccari, S/3 033 788 para Huayllabamba y S/6 472 501 para Huycho.
El segundo hallazgo es aún más crítico. La entidad no gestionó el financiamiento necesario para ejecutar las obras. El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos señaló que los recursos disponibles se enmarcaban en un convenio con el Programa Nuestras Ciudades (PNC) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero dicho convenio no se encuentra vigente durante 2026. La municipalidad intentó ampliarlo, pero no obtuvo respuesta formal.
Los recursos presupuestales disponibles son insuficientes para ejecutar la totalidad de las medidas propuestas. La entidad tampoco incorporó recursos para financiar las intervenciones completas, pese a que la Ley N. ° 32513, autoriza excepcionalmente a los gobiernos locales a destinar hasta el 20 % de los recursos del canon y sobrecanon minero, así como del Fondo de Compensación Regional (FONCOR), para actividades de prevención y reducción del riesgo de desastres, incluyendo limpieza y descolmatación de cauces, protección de márgenes y construcción de diques.
Frente a esta situación, la Contraloría emitió el Oficio 000457-2026 para notificar al alcalde distrital, Wilbert Baca Olayunca, y le otorgó un plazo para comunicar las acciones preventivas o correctivas adoptadas. Mientras tanto, la temporada de lluvias se acerca y los pronósticos del ENFEN advierten que las condiciones favorables para el desarrollo del Fenómeno El Niño podrían prolongarse hasta febrero de 2027. La inacción podría traducirse en una tragedia.

Rechazan casos de violencia psicológica y exigen nuevos carnés universitarios

Ayer fue tomado el local central de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, por decenas de estudiantes, con el fin de exigir a las autoridades solución a sus demandas académicas, las mismas, que según señalaron fueron postergándose a través del tiempo.
Esta medida, según refirieron los manifestantes, expresa además su pleno respaldo a los universitarios que cumplen medidas de lucha, desde hace una semana, en la sede la filial de provincia de Espinar y en Curahuazi, (Apurímac).
De acuerdo con un comunicado emitido por la Federación Universitaria del Cusco (FUC), se solicita a las autoridades antonianas investigar los casos de violencia psicológicas contra los estudiantes.
Asimismo, se exige la convocatoria a examen de admisión para el semestre 2026 – II, en la filial de Curahuazi, región Apurímac.
De otro lado, se solicita proteger las vacantes del Centro Preuniversitario, implementar laboratorios y cámara Gesell, para la escuela profesional de Psicología, ejecutar el fideicomiso y demandas para Kayra.
De otro lado, los estudiantes que tomaron la Tricentenaria Casa de Estudios Superiores, solicitan al rector, Lauro Enciso, la construcción de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica, incluir a los voluntarios estudiantiles en la Beca del Comedor Universitario y ampliar la vigencia de los carnés universitarios, hasta la entrega de los nuevos, por afectar su economía.

Redacción La Última

La mañana de este lunes, padres de familia de la Institución Educativa Alejandro Velasco Astete se movilizaron hasta la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Cusco para exigir el retiro inmediato de la docente Lanix de la Cruz Jaguar, a quien acusan de maltrato físico y psicológico en agravio de los estudiantes del tercer grado de primaria. Debido a estos presuntos abusos, varios alumnos se niegan a retornar a las aulas.
“Desde los primeros días de este año se han cometido agresiones físicas y psicológicas contra nuestros hijos del 3° ‘A’ de primaria. Ellos nos han manifestado que los insultan con palabras soeces, los agreden físicamente con pellizcos e incluso los han sacado del aula”, denunció Jimena Gutiérrez, una de las madres de familia.
Respecto a este último punto, Gutiérrez indicó que cuenta con fotografías y audios que evidencian el momento en que una menor fue dejada fuera del aula, material que corroboraría las acusaciones contra la profesora. Asimismo, señaló que existiría un acta de compromiso previa que la docente habría ignorado.
Antes de acudir con pancartas en mano a la sede de la UGEL Cusco, los manifestantes intentaron resolver la situación por la vía administrativa en el propio colegio; sin embargo, no obtuvieron respuesta ni respaldo de la dirección. El pasado jueves acudieron por primera vez a la UGEL, donde les solicitaron presentar las evidencias correspondientes.
“Casi todo el salón ha sufrido maltratos. Lastimosamente muchos padres trabajan y no han podido venir hoy, pero el día que fuimos a la dirección nos plantamos los 25 papás. Necesitamos que se remueva a la docente”, enfatizó la madre de familia.
Por último, los afectados expresaron su preocupación por el impacto emocional en los menores. “Mi hijo es un niño al que le gusta el deporte, pero fue rechazado y señalado como ‘débil y pequeño’. Desde entonces llora y no quiere hacer actividad física. Esperábamos el apoyo de la directora, pero no lo hay”, concluyó Gutiérrez.

Redacción La Última