A poco de finalizar la gestión del alcalde Luis Pantoja, la Municipalidad Provincial del Cusco continúa sin mostrar una estrategia eficaz para erradicar o reubicar el comercio ambulatorio en la ciudad.
Desde la Gerencia de Desarrollo Económico, el gerente Mario Zárate ha admitido la incapacidad para hallar una solución a este problema social y justifica que la aparición de vendedores es por la crisis económica y limitándose únicamente a empadronar a los comerciantes para cobrarles un monto por las ferias que realizan.
“El comercio ambulatorio no se va a poder erradicar. Lo que no podemos permitir es que sea en el centro histórico. Pero lo que tenemos que hacer como municipalidad, es un control”, declaró.
Lejos de ofrecer una solución que garantice el libre tránsito, la seguridad y la formalidad en las calles, la comuna se ha dedicado a otorgar autorizaciones temporales en vías altamente transitadas como la calle Túpac Amaru, bajo la modalidad de ferias en distintos meses del año. En cada una de ellas, el municipio recauda S/ 27.50 diarios por día de feria a los 180 ambulantes empadronados, dinero que ingresa directamente a las arcas municipales para pagar sueldos y servicios internos.
Esta pasividad de la comuna no solo perjudica el ordenamiento urbano y la imagen del Cusco, sino que representa una competencia desleal para los comerciantes formales que pagan licencias, impuestos y alquileres todo el año. Mientras la gestión municipal sostenga que el comercio informal «no se va a poder erradicar», el espacio público continuará tomado por la informalidad ante la vista y paciencia de las autoridades.

Redacción La Última

La Primera Sala de Apelaciones de Cusco, dispuso un pago superior a los 300 mil soles al expresidente del congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, como reparación civil a favor de la empresa Waynapicchu, por una presunta estafa. El pago de carácter solidario debe realizarse con Mario Justo Sequeiros Fajardo, exgerente de la empresa afectada. Informó el portal de noticias Infobae.
Los hechos que dieron origen a la denuncia se produjeron en el 2012, cuando Soto Reyes firmó un contrato con la empresa agraviada para elaborar y entregar sus estatutos. La empresa Waynapicchu pagó más de 11 mil soles por el servicio, pero nunca recibió los documentos.
El segundo caso, que motivó la denuncia por presunta estafa ocurrió también en el 2012, cuando el abogado (Soto) vendió a la misma empresa un terreno adquirido en US$ 5,000 dólares a US$ 265,000 dólares.
Se indica que el área declarada para la venta en el contrato era de (879,90 m2), sin embargo, al medirse la misma, se estableció que era sólo de ( 640,61m2), es decir, que les vendieron menos 239 m2 a los de la empresa Waynapicchu.
Cabe indicar que la fiscalía solicitó más de 8 años de prisión, pero la acción penal prescribió en 2022, en mérito a la Ley 31751 “Ley Soto”.
La sentencia en segunda instancia que dispone el pago por reparación de más de S/ 300 mil soles al excongresista Alejandro Soto de manera solidaria, fue emitida en el mes de mayo del presente año.
El fallo de segunda instancia contó con el voto de las juezas superiores Rocío Cáceres Pérez y María Quispe Apaza. El tercer miembro del tribunal, el juez superior Yuri Pereira Alagón, emitió un voto singular en el que consideró que no correspondía imponer una reparación civil porque la acción civil estaría prescrita.
Según pudo conocer el portal de noticias Infobae, la defensa de Alejandro Soto presentó un recurso de casación contra esta decisión, el mismo que en julio pasado fue admitido a trámite por el colegiado superior. Ahora el caso deberá ser elevado a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

Redacción La Última

A poco más de un mes de las elecciones municipales y regionales, la gerencia del Centro Histórico de la Municipalidad del Cusco recordó que existe una prohibición estricta para la instalación de propaganda electoral, tanto en el polígono central como en el área de protección de este patrimonio. A pesar de la normativa, en zonas comprendidas dentro del Área de Protección (como el tramo entre el mercado Rosaspata y la avenida Circunvalación) se constata una amplia presencia de afiches de diversos candidatos, no solo en postes, sino en viviendas, terrenos y otros. Respecto a este panorama, la gerente del Centro Histórico, Eliluz Palomino, explicó que, al estar colocada la propaganda en postes de alumbrado público (mobiliario urbano), resulta complejo identificar de inmediato a los responsables directos para aplicar las multas. En estos casos, la comuna procede a notificar al Jurado Electoral Especial (JEE) para que, en uso de sus atribuciones, aplique las sanciones a las organizaciones políticas correspondientes.Por otro lado, la funcionaria dio a conocer la reciente intervención a un local de campaña ubicado en el cruce de la calle Tullumayo con la avenida Garcilaso por exhibir propaganda no autorizada.SANCIONES La funcionaria detalló que la multa por colocar propaganda política dentro del polígono del Centro Histórico equivale a 1 UIT, mientras que por incurrir en la misma falta dentro del área de protección (que abarca hasta las avenidas Circunvalación y Huancaro), la sanción es del 80% de una UIT.Finalmente, precisó que penas se detecte este tipo de propaganda, se notificará al área de Fiscalización para que levante un acta con fotografías como evidencia y se proceda con la emisión de la resolución de sanción correspondiente.

Redacción La Última