Un incendio forestal de grandes proporciones registrado en el anexo Ccomayo del distrito de Quehue, provincia de Canas, dejó en cenizas varias viviendas y hectáreas de pastizales.
El fuego se activó pasada las 13:00 horas de este jueves 3 de setiembre por causas que se desconocen. Los fuertes vientos hicieron que se propague rápidamente por pastos secos.
Un grupo de viviendas con techo de ichu o paja se vieron afectadas, pues las lenguas de fuego alcanzaron y en cuestión de minutos desnudaron a los inmuebles de adobe. El siniestro afectó los medios de vida.
La municipalidad de Quehue informó que la plataforma de Defensa Civil y la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres atendió la emergencia junto comuneros del anexo Ccomayo, logrando controlar y liquidar el incendio, que dejó daños materiales.
Al cierre de edición, no se dio a conocer detalles de las familias damnificadas y tampoco la extensión de pastos que se han perdido, aunque hicieron un llamado a la población a extremar las medidas de prevención y evitar cualquier acción que pueda originar incendios forestales.
“Una pequeña quema puede convertirse rápidamente en un incendio de grandes proporciones y poner en riesgo nuestros campos, cultivos, animales, viviendas y la vida de las personas”, señalaron en un comunicado.

Redacción La Última

• Los jueces dictaron hasta 18 meses de prisión preventiva para los intervenidos en cuatro operativos realizados en Paucartambo, Chumbivilcas y Quispicanchi.

La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Cusco logró que el Poder Judicial dicte prisión preventiva contra 13 investigados por minería ilegal agravada y tenencia ilegal de materiales explosivos, tras cuatro operativos realizados en las provincias de Paucartambo, Chumbivilcas y Quispicanchi.
Las intervenciones se realizaron con participación de la Policía Nacional y entidades fiscalizadoras. Los operativos permitieron intervenir campamentos y frentes de extracción minera, incautar explosivos y maquinaria y destruir instalaciones utilizadas para estas actividades.
En Paucartambo, la FEMA consiguió 18 meses de prisión preventiva para cinco investigados intervenidos en el sector Umana, en la quebrada Cumbrera Ttio Mayo. Según la Fiscalía, los intervenidos extraían mineral aurífero durante las 24 horas mediante excavaciones a tajo abierto sobre el cauce natural que desemboca en el río Mapacho.
Durante el operativo se incautaron cuatro volquetes de carga pesada y 45 cartuchos de dinamita con sus detonadores. Además, las autoridades destruyeron maquinaria pesada, chutes y campamentos utilizados para la extracción.
En Chumbivilcas, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva en dos casos. El primero ocurrió en el sector Ingata, distrito de Chamaca. Allí, cuatro personas fueron intervenidas dentro de una bocamina activa mientras almacenaban 250 kilogramos de nitrato de amonio estabilizado, 208 cartuchos de emulsión explosiva, mechas de seguridad y 238 detonadores industriales, que, según la Fiscalía, estaban ocultos en sus dormitorios.
El segundo operativo se realizó en el sector Gallo Rumiyoc, distrito de Colquemarca. En este caso, dos personas fueron enviadas a prisión preventiva por nueve meses. La Fiscalía las acusa de operar una galería subterránea de unos 10 metros y almacenar clandestinamente 124 cartuchos de hidrogel explosivo, fulminantes y herramientas de voladura. Según la investigación fiscal, los intervenidos no contaban con autorización administrativa ni registro en el Reinfo.
El cuarto caso se produjo en Camanti, provincia de Quispicanchi. El Poder Judicial dictó también nueve meses de prisión preventiva contra dos investigados que, según la Fiscalía, operaban en las faldas y la cumbre del cerro Huayna Camanti, dentro de una zona superpuesta al Área de Conservación Regional Q’eros Kosñipata.
Los intervenidos fueron capturados mientras procesaban rocas auríferas con molinos industriales. La Policía también encontró 19 cartuchos de dinamita y cordón detonante.
La Fiscalía sostiene que estas actividades provocaron deforestación de especies maderables nativas y afectaron la calidad del agua del río Garrote por el aumento de la turbidez. Esto es parte de los operativos contra la extracción ilegal de oro y el almacenamiento y uso clandestino de explosivos.

Redacción La Última

La Primera Sala de Apelaciones de Cusco, dispuso un pago superior a los 300 mil soles al expresidente del congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, como reparación civil a favor de la empresa Waynapicchu, por una presunta estafa. El pago de carácter solidario debe realizarse con Mario Justo Sequeiros Fajardo, exgerente de la empresa afectada. Informó el portal de noticias Infobae.
Los hechos que dieron origen a la denuncia se produjeron en el 2012, cuando Soto Reyes firmó un contrato con la empresa agraviada para elaborar y entregar sus estatutos. La empresa Waynapicchu pagó más de 11 mil soles por el servicio, pero nunca recibió los documentos.
El segundo caso, que motivó la denuncia por presunta estafa ocurrió también en el 2012, cuando el abogado (Soto) vendió a la misma empresa un terreno adquirido en US$ 5,000 dólares a US$ 265,000 dólares.
Se indica que el área declarada para la venta en el contrato era de (879,90 m2), sin embargo, al medirse la misma, se estableció que era sólo de ( 640,61m2), es decir, que les vendieron menos 239 m2 a los de la empresa Waynapicchu.
Cabe indicar que la fiscalía solicitó más de 8 años de prisión, pero la acción penal prescribió en 2022, en mérito a la Ley 31751 “Ley Soto”.
La sentencia en segunda instancia que dispone el pago por reparación de más de S/ 300 mil soles al excongresista Alejandro Soto de manera solidaria, fue emitida en el mes de mayo del presente año.
El fallo de segunda instancia contó con el voto de las juezas superiores Rocío Cáceres Pérez y María Quispe Apaza. El tercer miembro del tribunal, el juez superior Yuri Pereira Alagón, emitió un voto singular en el que consideró que no correspondía imponer una reparación civil porque la acción civil estaría prescrita.
Según pudo conocer el portal de noticias Infobae, la defensa de Alejandro Soto presentó un recurso de casación contra esta decisión, el mismo que en julio pasado fue admitido a trámite por el colegiado superior. Ahora el caso deberá ser elevado a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

Redacción La Última