Comunidades originarias de Espinar rechazan bono del Convenio Marco y exigen obras de desarrollo

• El uso de ese fondo enfrenta a la población urbana de Espinar, que exige un bono de hasta 30 millones de soles, con las comunidades originarias del área de influencia minera, que defienden la inversión en obras permanentes de agua, salud y educación.

Las comunidades originarias del área de influencia directa de la minera Antapaccay (Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco) rechazaron en un pronunciamiento la propuesta de los regidores de la Municipalidad Provincial de Espinar de destinar el 100 % de los recursos el Convenio Marco al pago de un bono individual. Los dirigentes comunales señalaron que esta medida omite las necesidades del territorio y contraviene los lineamientos del propio acuerdo.
Mientras tanto, cientos de ciudadanos se hallan en un paro desde hace cuatro días exigiendo que se apruebe de una vez la entrega del bono. En años pasados, el bono ascendía a entre 500 y 700 soles para cada ciudadano elector o con residencia mayor a tres años en la provincia de Espinar. El paro no ha sido levantado todavía.
El Convenio Marco es un fondo conformado por el aporte del 3 % de las utilidades de la minera Antapaccay. La población y algunos gremios urbanos exigen que ese fondo, que oscila entre 20 y 30 millones de soles, se entregue como bono a todos los electores, como ocurrió en años anteriores. Las comunidades originarias, en cambio, exigen que el dinero se use para desarrollar obras como estaba previsto en la creación del Convenio hace más de 20 años.
Los dirigentes comunales sustentaron su postura citando los términos normativos del acuerdo. La cláusula tercera, recordaron, establece que los fondos del Convenio Marco deben orientarse a la ejecución de infraestructura pública y proyectos en áreas como educación, salud, saneamiento, desarrollo agropecuario, medio ambiente y programas productivos.
Asimismo, la cláusula octava dispone explícitamente que las comunidades campesinas directamente afectadas por la actividad minera constituyen la prioridad en las políticas de sostenibilidad y deben recibir una ponderación preferencial en la asignación de proyectos.
En el documento, las autoridades originarias manifestaron que la entrega de un bono representa un beneficio temporal, mientras que la inversión en obras permanentes e infraestructura hídrica y de salud garantiza el desarrollo de las futuras generaciones. Asimismo, hicieron un llamado a no utilizar las demandas históricas de la población con fines políticos.
El pronunciamiento lleva la firma y sello de los representantes de las comunidades campesinas del área de influencia, entre las cuales figuran Cala Cala, Huisa, Huisa Ccollana, Antaccollana, Huancané Bajo, Suero y Cama, Huarca y otros. Los dirigentes reafirmaron que las decisiones sobre sus territorios se toman mediante sus respectivas asambleas generales y que ningún regidor, funcionario municipal, dirigente social, comité ni intermediario puede tomar decisiones a nombre de ellos.

Redacción La Última