• El Ministerio Público lo acusa de colusión simple y negociación incompatible por presuntas irregularidades en la contratación de una obra de saneamiento en la Municipalidad Distrital de Santa Teresa. El proceso está en etapa probatoria.

La Fiscalía solicitó 8 años y 8 meses de prisión efectiva contra el candidato a la alcaldía provincial del Cusco del PRIN, Albert Arenas Yábar, por los presuntos delitos de colusión simple y aprovechamiento indebido del cargo o negociación incompatible por hechos investigados cuando se desempeñaba como funcionario de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, en La Convención.
La investigación se remonta al proceso de licitación pública 1-2012-MDST, convocado para la ejecución de la obra «Ampliación y mejoramiento del sistema de agua y desagüe de la localidad de Cochapampa», con un valor referencial de S/2 837 245,01. Según el informe especial 1099-2014-CG/ORCU-EE de la Contraloría General, que sirvió de base para la acusación fiscal, Arenas Yábar, en su condición de Subgerente de Administración y Finanzas, aprobó el expediente de contratación y las bases administrativas del proceso el 21 de noviembre de 2012, pese a que no contaba con competencia para hacerlo, ya que solo podía aprobar expedientes cuyo valor referencial no superara las 600 UIT, es decir, hasta S/2 190.000.
La Contraloría advirtió que el funcionario carecía de facultades para dicha aprobación, según lo establecido en la Resolución de Alcaldía 073-2012-A-MDST, que delegó facultades al Subgerente de Administración y Finanzas con ese límite. También detectó que el Comité Especial otorgó la buena pro al Consorcio Sanitario Santa Teresa, representado por Roque Omar Ibáñez Di Liberto, pese a que su oferta económica de S/3 007 479,70 excedía en un 6 % el valor referencial, sin contar con la aprobación del titular de la entidad ni la disponibilidad presupuestal necesaria.
La defensa de Arenas Yábar
El abogado del imputado sostuvo durante el proceso que Arenas Yábar aprobó el expediente de contratación y las bases administrativas en su condición de Gerente Municipal encargado, no como Subgerente de Administración. Para acreditarlo, presentó los Memorándums 158-A-MDST-2012 y 159-A-MDST-2012, de 17 de octubre de 2012, mediante los cuales el alcalde Valerio Rubén Pinto Coaquira le encargó la Gerencia Municipal ante la renuncia del anterior gerente, Mario Martínez Calderón. Según la defensa, en esa condición no tenía la limitación de las 600 UIT para aprobar bases administrativas.
En primera instancia, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundado el pedido de sobreseimiento a favor de Arenas Yábar, al considerar que existían dos informes contradictorios sobre la autenticidad de los memorándums y que la Contraloría, mediante la Resolución 002-2015-CG/INSS, había declarado improcedente el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en su contra por falta de competencia funcional. Sin embargo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cusco revocó esa decisión el 15 de setiembre de 2020 y declaró infundado el sobreseimiento, al concluir que la autenticidad de los documentos debía esclarecerse en juicio oral. La defensa presentó un recurso de casación, que fue declarado inadmisible el 17 de noviembre de 2020.
El proceso actual
El caso se tramita en el expediente 00254-2017-5-1001-JR-PE-01 ante el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Corrupción de Cusco. En la audiencia del 26 de agosto, los jueces continuaron con la actuación probatoria y el interrogatorio de los auditores de la Contraloría que elaboraron el informe especial. En la última audiencia, realizada el 7 de setiembre de 2026, la Fiscalía concluyó su interrogatorio a los auditores, pero quedó pendiente el interrogatorio del actor civil – Contraloría General y posteriormente el de las defensas de los acusados.
A estas alturas, es cierto, todavía no existe sentencia condenatoria ni absolutoria; por tanto, Arenas Yábar mantiene su condición de acusado y el proceso continúa en etapa probatoria.
La situación de Arenas Yábar hace recordar al caso del exalcalde del Cusco, Víctor Boluarte Medina, quien postuló a la alcaldía provincial pese a que enfrentaba un pedido de prisión de fraude en la administración de personas jurídicas. Boluarte ganó la elección y luego de un año de gestión fue sentenciado y suspendido de la alcaldía, lo que llevó al caos a la comuna provincial.
No obstante, su situación al asemejarse a la de Víctor Boluarte pone sobre la mesa si vale la pena elegir a un político con una acusación por presuntos actos de corrupción para que asuma las riendas de la Municipalidad Provincial del Cusco. Los electores cusqueños serán, al final, los que decidan qué tipo de autoridad quieren tener por los próximos cuatro años.

Redacción La Última

La Federación Universitaria del Cusco (FUC) a través de un comunicado público solicitó a las autoridades de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, investigar, a través de los órganos correspondientes la denuncia presentada por una estudiante de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la filial de Sicuani contra un docente, por presuntos actos de hostigamiento sexual.
Según indican, esta denuncia refiere presuntos hechos de naturaleza sexual y conductas que habrían generado una situación de intimidación y afectación dentro del ámbito estudiantil, en el cual existen personas que habrían tenido conocimiento o presenciado determinados hechos, por lo que corresponde que las autoridades competentes determinen su relevancia dentro de la investigación.
Asimismo, la Federación Universitaria, a través de un comunicado público expresó su “respaldo a la estudiante que denunció y a toda persona que decida acudir a las instancias correspondientes frente a situaciones que considere la vulneración de su dignidad y sus derechos. En ese sentido, señalan “consideramos fundamental que ningún estudiante tenga que permanecer en silencio por miedo a las represalias académicas, sociales o personales”.
En los puntos 3, 4 y 5 del comunicado de la FUC, la dirigencia estudiantil insta a las autoridades una investigación imparcial y objetiva, frente a este caso; asimismo reafirma el derecho de que toda denuncia debe ser investigada y atendida evitando cualquier forma de revictimización, intimidación y represalia”.
En ese sentido la “Fuc exige que las autoridades universitarias cumplan con sus obligaciones para promover el respeto en el espacio personal y que no se realice este tipo de prácticas repulsivas, así como la protección e investigación frente a casos de hostigamiento sexual , las mismas que no deben ser minimizadas ni ignoradas”.

Redacción La Última

Martha Erlinda Morales Alarcón (54) pasaría nueve meses tras las rejas, por provocar la muerte de una mujer adulta y dejar con lesiones graves como leves a escolares del colegio Diego Quispe Tito, tras atropellarlos con su camioneta.
Fue el mismo presidente de la Junta de Fiscales de Cusco, Manuel Mayorga, que confirmó que el fiscal Florentino Jiménez, sustentará el pedido de prisión preventiva de la libertad ante el juzgado que disponga la Corte Superior de Justicia de Cusco.
El presunto delito por el que será procesada, será el de homicidio culposo, aunque no se descartan otros más “va haber un debate garantizando en todo momento el respeto de la legalidad y el derecho de defensa”, dijo.
La mujer provocó el embiste y atropello a las 13:20 horas del lunes último en la Av. Cusco, del distrito de San Sebastián, justo cuando un grupo de escolares y sus mamás pasaban por el crucero peatonal.
Recientemente se difundió un video de la tragedia y muestra a la camioneta de placa D3Q-591 embistiendo y dejándolos regados, ahí estaba Victoria Lutgarda Navarro de Escobedo, que se desangra sobre el asfalto. Lamentablemente pereció en el hospital de EsSalud.
La policía como el fiscal investigan las circunstancias, pues la mujer acusada habría mencionado que en aquel momento se dirigía a un colegio a recoger a su hijo, pero de acuerdo a las evidencias, se habría pasado la luz roja del semáforo.
Después de aquel accidente se desvaneció y fue evacuada a una clínica particular de donde fue dada de alta y actualmente está a custodia de la Policía Nacional, a la espera de la decisión del juez.

Redacción La Última