Dos proyectos para ampliar Reinfo hasta 2030, pese a que fracasó

• Los diputados de Juntos por el Perú, Analía Márquez y Jesús Pérez, buscan ampliar el registro por sexta vez y recogen exigencias de Confemin y Fenamarpe. Uno condiciona su cierre a un censo minero y la reversión de concesiones; el otro, a la aprobación de la Ley MAPE.
Los diputados de Juntos por el Perú (JP), Analí Márquez Huanca y Jesús Pérez Alccahuamán, convertidos en voceros de mineros informales, presentaron cada uno un proyecto de ley para ampliar el proceso de formalización minera integral (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2028 y de 2030, respectivamente. Sería una sexta ampliación, a pesar de que en 20 años formalizó a menos del 3 % de mineros inscritos.
Varios expertos, como César Ipenza, del Observatorio de Minería Ilegal; Iván Arenas, especialista en temas mineros; y Dante Vera, director fundador de V&C Analistas, advirtieron en reiteradas ocasiones que una nueva ampliación del registro solo amparará actividades ilegales con apariencia de informales y prolongará la impunidad para mineros que contaminan ríos, bosques y otros ecosistemas.
A su vez, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shino, dijo que el Reinfo tiene un paraguas penal de protección penal aprovechado por la minería ilegal. Por eso, precisó Shino, el Reinfo debe terminar para que, a partir del 1 de enero de 2027, esta minería pueda ser denunciada, fiscalizada e investigada. “Eso tenemos que cortarlo porque la minería ilegal está amarrada con sicariato, extorsiones, de personas y trabajo infantil”, observó Shino en el conversatorio “Minería y Energía Sostenible en América Latina”.
Las propuestas
La diputada cusqueña Analía Márquez condiciona el cierre del Reinfo a la culminación de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal para “conocer la situación real de la actividad minera” y la reversión de concesiones mineras “ociosas”.
Márquez señala que el problema está en la retención de áreas sin trabajo acreditado. Por eso, amplía plazos y modifica los artículos 39 y 40 de la Ley General de Minería para imponer tarifas de hasta 20 dólares por hectárea para quienes acumulen más de 100 000 hectáreas, reducir la regla de caducidad a 15 años y establecer penalidades de hasta 10 % de la producción mínima para los que no inviertan. Si una concesión no cuenta con producción ni inversión comprobada durante diez años, es, según esta propuesta, una concesión “ociosa”.
Mientras que el diputado apurimeño Jesús Pérez quiere ampliar el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2030 o hasta que entre en vigencia la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). Señala que el Estado no podrá resolver la situación de más de 31 600 inscritos en el Reinfo antes de este 31 de diciembre.
Para evitar que esta propuesta sea vista como una carta blanca a la informalidad, Pérez establece un plazo de 180 días para que esos inscritos realicen un «sinceramiento de la ubicación real» de sus operaciones ante el Ministerio de Energía y Minas. Aquellos que no cumplan, o cuyas coordenadas revelen superposiciones prohibidas, serán excluidos. También establece que cada minero señale un domicilio procesal en el radio urbano de la capital de su provincia o en Lima.
Influencia informal
Pretender ampliar la vigencia del Reinfo por dos o cuatro años más, cuando ha fracasado, evidencia la influencia de mineros informales en el Congreso. Y es que el proyecto de Márquez, por ejemplo, recoge casi al pie de la letra la agenda de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) y la Federación de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales (Fenamarpe). Quizá por eso, el día en que Márquez presentó su proyecto (4 de noviembre), el dirigente de Confemin, Magno Ismael, publicó en sus redes: “Confemin y mineros del Perú, ¡vamos por todo!”.
En el caso de la propuesta de Pérez, aunque incluye mecanismos de depuración y exclusión, la historia reciente demuestra que las anteriores ampliaciones no lograron formalizar más. Sirvió más bien como un escudo para que operadores ilegales extraigan mineral sin cumplir estándares ambientales ni laborales.