Cusco
Gobierno suspende mesa técnica para el Bajo Urubamba por daños causados por la deflagración del gasoducto
• Comunidades del Bajo Urubamba exigen atención sanitaria e indemnización por deflagración de ducto, mientras la PCM reprograma la reunión para el 21 de mayo en Camisea.
El Comité de Gestión para el Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba (CGBU) confirmó que la segunda sesión de la Mesa Técnica para el desarrollo de los distritos de Megantoni y Sepahua ha sido reprogramada para el 21 de mayo a las diez de la mañana en la comunidad de Camisea. La cita, originalmente prevista para el 7 de mayo, fue reprogramada por decisión unilateral de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Este cambio de fecha ocurre pese a que no se ha resuelto la crisis social ni ambiental en la zona, luego de la deflagración del ducto de gas de Camisea, ocurrida el uno de marzo pasado, durante trabajos de mantenimiento de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP).
Ese accidente afectó a comunidades indígenas de los distritos de Megantoni y Sepahua. Según las organizaciones indígenas, la emanación de gas afectó la salud de la población local, sobre todo menores, en las comunidades de Camana, Timpía, Saringabeni, Sababantiari y Kitaparay. Los afectados reportaron mareos, náuseas, vómitos, dolor estomacal, ardor en la piel, irritación ocular y de garganta.
Gas sin desarrollo para las comunidades
A pesar de que el proyecto Camisea lleva más de dos décadas extrayendo gas que abastece a gran parte del país, los líderes indígenas denuncian que las comunidades de la zona no han visto que esa riqueza mejore su calidad de vida. El distrito de Megantoni (donde se produjo la deflagración) es el que concentra el mayor ingreso por canon gasífero del país: superó los 327 millones de soles en 2025 y alcanzó picos de más de 750 millones en 2023, aunque las comunidades no tienen acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad estable ni atención de salud oportuna.
El presidente del CGBU, Hitler Sebastián Pascal, señaló que las comunidades del Bajo Urubamba pagan hasta tres veces más que los limeños por un balón de gas, a pesar de vivir en la zona productora. «Lamentablemente, este recurso no se revierte en la calidad de servicios que deberíamos tener como ciudadanos peruanos».
Una agenda pendiente
La Mesa Técnica, creada en respuesta a las movilizaciones y exigencias de las organizaciones indígenas, debe servir para canalizar las demandas históricas de las comunidades productoras de gas.
El alcalde de Megantoni, Esaú Ríos, viajó al Congreso para denunciar el abandono estatal. «No es posible que el distrito que tiene gas de Camisea siga viviendo así, sin atención como corresponde», declaró en Lima e informó que entre 1,000 y 1,500 personas resultaron afectadas directamente por la deflagración. La demanda es que hay indemnización para las comunidades damnificadas.
Además, los líderes indígenas han solicitado al Ejecutivo y al Legislativo un fondo de emergencia ambiental y compensaciones por los daños causados.
La sesión del 21 de mayo en Camisea deberá definir esas prioridades y un cronograma de ejecución de obras que garanticen el desarrollo del Bajo Urubamba y su integración con la región Ucayali.
Cusco
Cusco: transportistas exigen “sinceramiento” de pasajes ante continua alza en el precio del combustible
El dirigente de los transportistas, Estanislao Alegre, advirtió que el continuo incremento en el precio de los combustibles está asfixiando la rentabilidad del sector. Ante esta coyuntura, exigió un «sinceramiento» en la tarifa de los pasajes urbanos para evitar un colapso operativo o un paro total del servicio en la ciudad.
El representante gremial señaló que la situación económica actual resulta insostenible para las empresas y los conductores, debido a que el costo del combustible ya oscila en los S/ 27.80 y podría llegar a costar los S/ 30 por galón. Alegre afirmó que, de llegar a esa cifra, las unidades se verán imposibilitadas de salir a operar, lo que terminaría perjudicando a los usuarios al obligarlos a usar medios de transporte informales y más costosos.
Respecto al cambio de gestión en las autoridades reguladoras del transporte, Alegre instó a la administración saliente a transferir de forma transparente todo el trabajo técnico acumulado. Asimismo, exhortó a las nuevas autoridades a no improvisar con el diseño de nuevas rutas ni con los buses alimentadores, exigiendo que cualquier medida se implemente sobre la base de evaluaciones técnicas realistas y consensuadas con el gremio.
Por último, el dirigente rechazó los cuestionamientos sobre la modernización del parque automotor, destacando que las empresas locales contarían con flotas modernas y en constante renovación por iniciativa propia. No obstante, remarcó que el aumento del pasaje responde a la inflación generalizada de insumos y no a un capricho del sector, aunque reiteró el compromiso de reducir la tarifa a un sol en caso de que el combustible vuelva a descender a los S/ 14 por galón.
Cusco
Urubamba contrató por S/30.500 al yerno de un juez superior de Cusco, pese a prohibición legal
• Urubamba emitió dos órdenes de servicio a favor de Gonzalo Vicenth Huarcaya Portilla, yerno del juez superior Luis Alfonso Sarmiento Núñez. Un informe de control advierte que el proveedor estaba impedido de contratar con el Estado.
La Municipalidad Provincial de Urubamba contrató por S/30.500 a Gonzalo Vicenth Huarcaya Portilla, yerno de un juez superior de la Corte Superior de Justicia de Cusco, pese a que la ley le prohibía contratar con entidades públicas dentro del ámbito territorial de competencia del magistrado.
El Órgano de Control Institucional (OCI) de la municipalidad identificó indicios de irregularidad en dos contratos suscritos durante 2023, cuando Luis Alfonso Sarmiento Núñez ejercía como juez superior titular. Los hallazgos figuran en el informe de Acción de Oficio Posterior 061-2026-2-0392-AOP.
La municipalidad emitió una primera orden de servicio el 19 de abril de 2023 por S/29.000 para formular expedientes técnicos. Luego, el 23 de noviembre del mismo año, contrató al proveedor por S/1.500 para capacitar a agentes de tránsito. Ambos servicios suman S/30.500.
Declaró que no tenía impedimentos
El informe de control advierte que Huarcaya Portilla estaba impedido de contratar con el Estado por su vínculo familiar con el magistrado. Sin embargo, suscribió declaraciones juradas para ambas órdenes de servicio en las que afirmó que no tenía impedimentos legales para contratar con entidades públicas.
El OCI sustenta esta conclusión en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Esta norma prohíbe contratar con el Estado a los parientes hasta el segundo grado de afinidad de los jueces superiores, cuando la contratación se realiza dentro del ámbito de competencia territorial correspondiente.
La entidad de control también tomó en cuenta el acuerdo de sala plena 006-2021/TCE y la información remitida por la Corte Superior de Justicia de Cusco mediante el oficio 001348-2026-GAD-CSJCU-PJ. Según esos documentos, Urubamba se encontraba dentro del ámbito territorial de competencia del magistrado, por lo que el impedimento alcanzaba al proveedor.
La presentación de las declaraciones juradas agrava los cuestionamientos, pues el proveedor aseguró que podía contratar con el Estado pese a la restricción identificada por el OCI. El informe advierte que esta situación afecta la transparencia y la legalidad de las contrataciones públicas.
Ante los indicios detectados, el órgano de control recomendó al alcalde provincial de Urubamba adoptar medidas para determinar las responsabilidades correspondientes. También solicitó que la municipalidad remita un plan de acción en un plazo de 20 días hábiles. Según el informe, hay presuntas irregularidades en la contratación y recomienda acciones correctivas.
Cusco
Sedacusco prepara racionamiento de agua en Cusco por sequía asociada a El Niño
• La empresa advierte que la falta de lluvias y las altas temperaturas reducen el caudal de algunas fuentes de captación. Si el déficit hídrico empeora, aplicará restricciones al servicio y distribuirá agua mediante camiones cisterna.
La falta de lluvias y las altas temperaturas comienzan a reducir el caudal de las fuentes que abastecen de agua potable a la ciudad del Cusco. Ante este escenario, la empresa Sedacusco prepara un plan de racionamiento que podría aplicar en las próximas semanas si las condiciones hídricas empeoran por el déficit de precipitaciones asociado al fenómeno El Niño.
El gerente general de la empresa, Julio Ítalo Ramos Calderón, informó que el abastecimiento continúa, pero reconoció que ya existen afectaciones puntuales en sectores de la zona noroccidental alta de la ciudad, que dependen de la captación de Jaquira. La empresa ejecuta un plan de contingencia para mantener la continuidad y calidad del servicio.
Entre las medidas que Sedacusco evalúa figuran la instalación de nuevos reservorios en las zonas afectadas y la distribución de agua mediante camiones cisterna en los sectores comprendidos en la emergencia. Todavía no ha precisado qué zonas tendrían restricciones ni cómo se organizarían los horarios de abastecimiento. Ramos Calderón exhortó a la población a utilizar responsablemente el agua potable, evitar el desperdicio y adoptar medidas de ahorro.
Obras para enfrentar el déficit hídrico
En agosto, Ramos Calderón presentó ante las instituciones convocadas en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) el Plan de Contingencia ante el Fenómeno El Niño 2026-2027. Detalló las intervenciones previstas para mitigar los efectos de la alteración climática y reducir el riesgo de desabastecimiento en los próximos meses.
Entre los proyectos expuestos figura el Sistema de Impulsión Qoripata-Picchu (R5 a R4), que requiere una inversión de S/9,8 millones. La obra contempla la instalación de 1800 metros de tubería de hierro dúctil y equipos de bombeo para incrementar el trasvase de agua hacia el reservorio de Picchu.
Según Sedacusco, el proyecto beneficiará directamente a 62 625 usuarios y busca garantizar el suministro continuo durante las 24 horas en el Centro Histórico y la zona hotelera. La empresa prevé concluir el expediente técnico en los próximos meses.
El plan también contempla la construcción de un muro de contención en Piñipampa, distrito de Andahuaylillas, provincia de Quispicanchi. La intervención, valorizada en S/9 millones, busca proteger los pozos de captación del sistema Vilcanota, una de las principales fuentes de abastecimiento de la ciudad.
La declaratoria de emergencia por déficit hídrico permitirá adoptar medidas para atender los efectos de la escasez de agua. Por ahora, el racionamiento es una medida prevista y no una restricción vigente. Su aplicación dependerá de la evolución de las condiciones hídricas durante las próximas semanas.
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