Más de veinte años después de que se documentara el trabajo infantil en La Rinconada, menores aún trabajan en el pallaqueo y los socavones. Las autoridades reconocen que no existe una cifra precisa. El problema también aparece en Cajamarca, Piura y Cusco.

Entre 2000 y 2004, Braulio tenía 14 años y trabajaba en una mina informal de La Rinconada. Era quimbalatero. Pasaba sus días triturando piedras, como muchos otros niños que trabajaban en las minas de esta zona de Puno.
Un proyecto del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización Internacional del Trabajo lo encontró allí. Braulio les contó: “Un día, no me sentía bien, estaba muy cansado y me caí varias veces. A la salida de la mina, se volcó mi carretilla y se cayó todo el mineral. El capitán (…) me pateó fuerte por lo sucedido”.
En ese periodo, el IPEC atendió a más de 2 500 niños como Braulio. Han pasado más de veinte años y, en La Rinconada, todavía hay niños que trabajan en las minas.
Carmen Choquehuanca, directora regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Puno, confirma que estos casos persisten. El Consejo Regional para la Erradicación del Trabajo Infantil ha identificado a La Rinconada y Sandia como las zonas mineras con mayores tasas de trabajo infantil y niveles de peligro y vulnerabilidad.
En ambas zonas hay niños que trabajan junto a sus madres. Algunos hacen pallaqueo, actividad que consiste en seleccionar y recuperar minerales, oro o plata, entre desmontes y relaves de grandes minas. Otros entran a los socavones. “Eso es lo que nosotros hemos encontrado en el trabajo que hemos realizado”, dice Choquehuanca.
La escena se parece a la de hace décadas en el Cerro Rico, en Bolivia. Niños ingresaban a pequeños socavones para extraer minerales. En Puno, dice la funcionaria, la Fiscalía, la Policía y Sunafil han realizado intervenciones en Sandia, San Juan del Oro y La Rinconada. Encontraron niños dedicados al pallaqueo.
Explotados y rechazados
Las autoridades no han podido determinar cuántos niños son sometidos a trabajar en esas zonas mineras. De acuerdo con Choquehuanca, “hay una cifra oscura de niños que trabajan y trabajarían dentro de socavones”.
Unos trabajan junto a sus hermanos menores, saben manejar dinamita en los socavones y realizan estas labores de noche. Durante el día estudian. “Esos niños dicen que ir al colegio es una bendición, porque el trabajo en las minas es bien cansado”, recuerda la funcionaria.
Pero para algunos, ir a la escuela tampoco resulta sencillo. Los niños mineros contaron que tienen dificultades con sus compañeros. Cuando se enteran de que trabajan en una mina, les ponen apodos. “Son robapiedras, tragadores de polvo”, les dicen, cuenta Choquehuanca. “Les ponen esos adjetivos y, entonces, ellos se avergüenzan”.
Por eso, algunos prefieren no acercarse a sus compañeros. El trabajo termina ocupando un lugar más importante que el estudio o el juego con otros niños.
No hay datos precisos sobre cuántos niños mineros son. La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2024 reveló que el 30,6 % de los niños de Puno trabaja y aporta dinero a casa. Ese porcentaje equivale a unos 100 000 niños. Estos niños realizan actividades en el comercio, el transporte urbano como cobradores de combi y labores agrícolas. No se sabe cuántos trabajan en la minería.
No solo niños llegan a las minas. Cerca de los socavones ilegales, bajo la sombra de locales nocturnos, también hay niñas y adolescentes que son explotadas. Muchas son captadas por mafias de trata de personas. Las engañan con ofertas de trabajo en un restaurante, como ayudantes en una tienda o para administrar un negocio. Cuanto llegan al lugar, les quitan sus documentos y las retienen para usarlas como “damas de compañía” y someterlas a explotación sexual.
Quienes los llevan a trabajar
Los niños de Puno a veces son llevados por sus padres o familiares que trabajan en minas. Pero no siempre es así. Otros son captados y llevados por la fuerza. Son explotados en socavones y labores de pallaqueo.
“Si se detecta este tipo de personas que tienen a niños trabajando en contra de su voluntad, en trabajos de minería forzada, la pena privativa es mínimo de 10 años de prisión”, precisa Choquehuanca.
También están los niños que se quedaron huérfanos y asumen responsabilidades de adultos. Una mina puede representar para ellos una oportunidad de ganar dinero, aunque sea en condiciones de explotación. La mayoría, según Choquehuanca, elige la minería porque allí puede ganar más dinero que en otro trabajo.
“Se han detectado niños que asumen el rol de papá, niños que han perdido a temprana edad a sus padres y se ven en la obligación de generar ingresos económicos para apoyar a su mamá con los gastos o a sus hermanos menores”, explica Choquehuanca.
Casos en otras regiones
No solo hay niños mineros en minas de Puno. En Cusco parecía que no había casos, hasta que la Fiscalía realizó un operativo en minas a tajo abierto ilegales en Choccoyo, Chumbivilcas. El 8 de setiembre último destruyeron pozas de lixiviación y maquinaria, detuvieron en flagrancia por minería ilegal a once personas e intervinieron a otras siete. Una de ellas era un adolescente de 16 años.
Un mes antes, en Piura, durante un operativo en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca, encontraron a tres adolescentes. Se encargaban de embolsar minerales en una mina ilegal. Dos adultos fueron detenidos por presunta minería ilegal.
A unos 400 kilómetros de allí, en Cajamarca, encontraron que muchos escolares dejaron de asistir a clases en 2025 para ir a trabajar a minas ilegales. Eran alumnos de San Ignacio, Jaén, Cajabamba y Contumazá. Aquella vez, Roy León Rabanal, representante de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, mostró su preocupación por las condiciones “deplorables” en que trabajaban y, sobre todo, porque postergaban su educación.
Más de dos décadas desde que la OIT detectó casos de niños explotados en minas, en La Rinconada y otras zonas mineras del país todavía se encuentran a muchos niños que entran a las minas para sacar minerales o que pasan sus días pallaqueando entre desmontes y relaves.

Redacción La Última

La Organización No Gubernamental Derechos Humanos sin Fronteras, informó que veinte personas afectadas por la exposición a metales pesados de la provincia de Espinar, (Cusco), recibieron atención especializada en el Hospital Diospi Suyana en Curahuazi- Apurímac, en la primera quincena del mes de setiembre.
Cabe señalar que los beneficiarios fueron priorizados, de un total de 57 personas, en su atención, en esta primera etapa, por presentar cuadros clínicos urgentes para su salud.
Sobre el particular cabe señalar, que en el 2025 la citada Organización No Gubernamental junto con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Universidad Andina del Cusco, presentaron un informe en el que se dieron a conocer los hallazgos médicos y sociales sobre la exposición a metales pesados y sus impactos en la salud reproductiva.
Con este propósito se hizo la revisión de 325 historias clínicas de mujeres en edad fértil en Yauri, Pallpata y Tintaya Marquiri, además de entrevistas a profesionales de la salud y testimonios de mujeres quechua hablantes.
Los hallazgos confirman afectaciones importantes asociadas a la exposición a metales tóxicos presentes en el entorno, documentada en evaluaciones previas del Censopas (2010 y 2013) y de OEFA (2022–2023).
Principales hallazgos:
94,5 % (307 mujeres) presenta alguna patología registrada en su historia clínica.
51,6 % (158) tiene afecciones en el aparato reproductivo.
33 % (101) reporta alteraciones en su ciclo menstrual.
Se identificaron casos de quistes, miomas, ovarios hipotróficos, pólipos y otros diagnósticos en ecografías ginecológicas.
Personal de salud menciona la presencia de malformaciones congénitas, embarazos anembrionarios, abortos espontáneos y partos prematuros.
El 35 % registra algún tipo de infección de transmisión sexual (ITS), y el acceso a métodos anticonceptivos sigue siendo limitado.

Redacción La Última

En su lugar pusieron el nombre de Carlos Torres y Torres Lara, padre de Miky Torres

Lamentable.El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sin mayor explicación, ha decidido retirar el nombre del expresidente Valentín Paniagua Corazao de su sala principal de reuniones y reemplazarlo por el de Carlos Torres y Torres Lara, hecho que ha generado una serie de cuestionamientos a nivel de diversos círculos intelectuales del Cusco, senadores y diputados.
En un pronunciamiento emitido por el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Popular, además se manifiesta que “el cusqueño, Valentin Paniagua Corazao, exministro de Justicia, de Educación, expresidente constitucional de la República , condujo el gobierno de transición del año 2000 , garantizando, en ese entonces unas elecciones libres , hecho que permitió restituir la democracia en el país y devolvió al Perú el respeto por el Estado de Derecho tras años de autoritarismo”.
Se indica además que su gestión en aquel entonces fue reconocida transversalmente como un hito de honestidad y sobriedad republicana, no sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional.
“Sustituir su nombre por el de Carlos Torres y Torres Lara -figura vinculada al Fujimorismo de los años 90-, no constituye un cambio administrativo neutro, señalan, en su pronunciamiento el partido de la lampa, por lo que indican que este acto es un despropósito histórico que ofende la memoria democrática del país. Valentín Paniagua no le pertenece a ningún sector ni a una gestión de turno, pertenece a la historia democrática del Perú”, señalan.
En ese sentido finalizan en este comunicado público, los de Acción Popular: “Exhortamos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a revertir esta medida y a restituir el nombre de Valentín Paniagua en el espacio que legítimamente lo honraba”, finalizaron.