Fiscalía archiva investigación contra Acurio y sus exfuncionarios por caso PRO Cusco

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco dispuso declarar que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria en el caso conocido como PRO Cusco, que involucraba al expresidente regional Jorge Acurio Tito y a sus funcionarios en el Gobierno Regional del Cusco. Los otros nombres son del que fue responsable del programa, José Rosendo Calderón Pacohuanca. La decisión se basa, según la fiscal Gladys Victoria Aparicio Aragón, en la falta de elementos de convicción suficientes para sustentar la comisión de los delitos denunciados, como colusión, abuso de autoridad y malversación de fondos.Caso PRO CuscoEl caso PRO Cusco surgió a raíz de denuncias presentadas en 2014, que señalaban irregularidades en la creación y ejecución del «Programa Regional de Obras Cusco» (PRO Cusco), creado en 2012 durante la gestión de Acurio Tito. Se alegaba que el programa se habría establecido sin autorización del Consejo Regional, con presuntas irregularidades en la contratación de personal, asignación de presupuesto y alquiler de vehículos. Además, se cuestionaba la designación de Calderón Pacohuanca como responsable del programa, bajo el argumento de su cercanía con el entonces presidente regional.Pro Cusco fue una imitación de PRO Áncash y se generó sin aprobación del Consejo Regional para ejecutar obras pequeñas, lo que además atomizó el presupuesto regional, como evidenció la comisión de consejeros regionales presidido por Milton Barrionuevo. La exprocuradora Anticorrupción, Dora Monzón Valverde, recordó en sus redes sociales que los consejeros acreditaron trabajadores fantasmas, exceso de contrato de personal administrativo asistencial para cada supervisor y residentes de varias abandonadas hasta hoy. En esas obras figuraban la creación de los servicios de pistas y veredas de las calles Cusco, Arequipa y adyacentes de la plaza de Pampamarca en Canas; mejoramiento del Centro de Abastos de Combapata, en Canchis; elaboración de expediente y ejecución de la I.E. 50259 Leoncio Prado de Huayopata, en La Convención, etc.Argumentos de la fiscalSin embargo, la fiscal Aparicio Aragón detalló que la creación de PRO Cusco como área funcional de la Gerencia de Infraestructura se ajustó a la autonomía administrativa que la ley otorga a los gobiernos regionales. Asimismo, señaló que no se encontraron pruebas que respalden las acusaciones de que el programa se haya creado con fines delictivos o que existieran irregularidades en la contratación de personal o en el alquiler de camionetas.Respecto a las acusaciones sobre el alquiler de vehículos a magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público, la fiscalía determinó que los vehículos pertenecían a empresas y particulares debidamente identificados, sin vínculos con funcionarios públicos. Tampoco se hallaron indicios de que los salarios pagados al personal fueran excesivos o irregulares, ya que se ajustaban al régimen laboral de construcción civil, acorde con la naturaleza de las obras ejecutadas.Según la resolución de la fiscalía, el programa PRO Cusco fue sometido a supervisiones internas y externas, sin que se registraran observaciones significativas durante su funcionamiento. Además, señala que las decisiones administrativas, como la designación de Calderón Pacohuanca, se realizaron dentro del marco legal y sin evidencias de favoritismos ilícitos. Con esta decisión, Acurio se libra de uno de los varios casos de corrupción que pesan en su contra.