Exigen renuncia del Ministro de Cultura Fabricio Valencia y director de Cultura Jorge Moya

Más de cien empresas de turismo exigieron al Ministerio de Cultura respetar la compra de
boletos a Camino Inca para el 2025, en sus condiciones ofertadas, tal como se había aprobado en un acuerdo suscrito el pasado 7 de marzo.
Según indicaron, de incrementarse pagos o modificarse las rutas ofrecidas hace un año a los
visitantes, las mismas (agencias), serían denunciadas por estafa por sus clientes (turistas),
hecho que les llevaría a la vez a ellos a denunciar al Ministerio de Cultura, a la dirección
Desconcentrada de Cultura y a la jefatura del Parque Arqueológico de Machu Picchu, por
omisión de funciones, ya que cualquier modificación debía comunicarse con anticipación para
las previsiones del caso.
Cabe señalar que la presidenta de la AATC, Elena Gonzáles, dijo “no estar en contra de que se establezcan nuevas tarifas para la venta de ingreso al camino Inca, a Machu Picchu, pero, de ser el caso, debe avisarse con meses de anticipación, por cuanto ellos venden sus paquetes a nivel nacional e internacional con una oferta fija establecida en ese momento.

Frente a este hecho y el total desconocimiento de la gestión de la Maravilla del Mundo, como
la implementación de normas no acordes a su realidad se solicita la renuncia del Ministro de
Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, del titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura Jorge
Moya y del jefe del Parque Arqueológico de Machu Picchu, Nino del Solar Velarde.
Asimismo, se solicita a las autoridades competentes iniciar con los procedimientos
sancionadores contra los funcionarios responsables por no cumplir con su deber legal, de
actualizar y aplicar los estudios de capacidad de carga del santuario, así como la verificación y
control de la plataforma de compra de boletos al haberse comunicado durante varios años,
incluyendo el presente, sin respuesta ni acción alguna.
También requirieron la intervención de la Contraloría de la República, para que se pronuncie
sobre las sanciones administrativas derivadas de esta omisión, más allá de la gestión de
reservas, también al Ministerio Público para que inicien las acciones que corresponda de oficio, y también a la Defensoría del Pueblo toda vez que los servicios públicos ejercidos con omisión de funciones afectan a empresas, familias y turistas.
Finalmente, solicitaron la nulidad del Tusne, Texto Único de Servicios No Exclusivos, aprobado
por Resolución Ministerial Nro 00451-2024-MC, base normativa de las recientes disposiciones
que ha generado una serie de cuestionamientos.