• Comunidades del Bajo Urubamba exigen atención sanitaria e indemnización por deflagración de ducto, mientras la PCM reprograma la reunión para el 21 de mayo en Camisea.

El Comité de Gestión para el Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba (CGBU) confirmó que la segunda sesión de la Mesa Técnica para el desarrollo de los distritos de Megantoni y Sepahua ha sido reprogramada para el 21 de mayo a las diez de la mañana en la comunidad de Camisea. La cita, originalmente prevista para el 7 de mayo, fue reprogramada por decisión unilateral de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Este cambio de fecha ocurre pese a que no se ha resuelto la crisis social ni ambiental en la zona, luego de la deflagración del ducto de gas de Camisea, ocurrida el uno de marzo pasado, durante trabajos de mantenimiento de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP).
Ese accidente afectó a comunidades indígenas de los distritos de Megantoni y Sepahua. Según las organizaciones indígenas, la emanación de gas afectó la salud de la población local, sobre todo menores, en las comunidades de Camana, Timpía, Saringabeni, Sababantiari y Kitaparay. Los afectados reportaron mareos, náuseas, vómitos, dolor estomacal, ardor en la piel, irritación ocular y de garganta.
Gas sin desarrollo para las comunidades
A pesar de que el proyecto Camisea lleva más de dos décadas extrayendo gas que abastece a gran parte del país, los líderes indígenas denuncian que las comunidades de la zona no han visto que esa riqueza mejore su calidad de vida. El distrito de Megantoni (donde se produjo la deflagración) es el que concentra el mayor ingreso por canon gasífero del país: superó los 327 millones de soles en 2025 y alcanzó picos de más de 750 millones en 2023, aunque las comunidades no tienen acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad estable ni atención de salud oportuna.
El presidente del CGBU, Hitler Sebastián Pascal, señaló que las comunidades del Bajo Urubamba pagan hasta tres veces más que los limeños por un balón de gas, a pesar de vivir en la zona productora. «Lamentablemente, este recurso no se revierte en la calidad de servicios que deberíamos tener como ciudadanos peruanos».
Una agenda pendiente
La Mesa Técnica, creada en respuesta a las movilizaciones y exigencias de las organizaciones indígenas, debe servir para canalizar las demandas históricas de las comunidades productoras de gas.
El alcalde de Megantoni, Esaú Ríos, viajó al Congreso para denunciar el abandono estatal. «No es posible que el distrito que tiene gas de Camisea siga viviendo así, sin atención como corresponde», declaró en Lima e informó que entre 1,000 y 1,500 personas resultaron afectadas directamente por la deflagración. La demanda es que hay indemnización para las comunidades damnificadas.
Además, los líderes indígenas han solicitado al Ejecutivo y al Legislativo un fondo de emergencia ambiental y compensaciones por los daños causados.
La sesión del 21 de mayo en Camisea deberá definir esas prioridades y un cronograma de ejecución de obras que garanticen el desarrollo del Bajo Urubamba y su integración con la región Ucayali.

La justicia se abre paso para Rudhy Benavides Charalla (46), pues el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco, ordenó nueve meses de prisión preventiva para Gabriel Alexis Condori Olmedo (21) y Oscar Franco Tinco (21), investigados por haberlo matado, descuartizado y hasta comido sus restos.
Después de prolongadas audiencias de solicitud de prisión preventiva, por el tercer despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Cusco, a cargo de la fiscal Tamara Catacora Jara, el juez José Luis Cáceres Pizarro, dispuso su encierros en el penal de Qenccoro de esta ciudad.
De acuerdo a las investigaciones preliminares Franco Tinco fue quien llevó a Rudhy hasta el inmueble J-6B de la asociación Manantiales de Inca, para continuar bebiendo, en un principio cerveza y luego cañazo.
En el camino, por el Puente Almudena, Franco Tinco llamó a Condori Olmedo para decirle que le pagará una deuda con el celular que sustraería, y mas adelante consumaría, de Rudhy, a quien lo conducía a la casa del horror. Ahí los jóvenes no solo se emborracharían, sino también fumarían marihuana.
La madrugada del 19 de abril la víctima despertó y gritaba “Yo Soy Rudhy” repetidas veces, y cuando promediaban las 03:00 horas Franco Tinco le propinó puñetes en el rostro y luego lo atacó con una navaja en el cuello lado derecho, Condori Olmedo también lo atacó, pero con un tenedor al otro lado del cuello. Hasta cometer el asesinato, los imputado no supieron precisar ante las autoridades el por qué lo hicieron.
Rudhy cayó al costado de la cama, sangró, y por si fuera poco los tipos grabaron dos videos, en uno captan que continúa con vida y en otro registra los perros lamen la sangre.
Ambos asesinos continuaron bebiendo y fumando con el cadáver al costado. Después fueron a vender el celular en el centro comercial El Molino, al costo de 110 soles, con el que compraron bolsas, una comba, cerveza, gaseosa y más cañazo.
Lo desalmados intentaron deshacerse de los restos, cortaron un principio parte de las extremidades, lo cocinaron en ollas y dieron a unos siete perros, un día después continuaron seccionado más músculos para los canes y otra parte lo saltearon y comieron. En un testimonio relataron la escena canibalesca “porque no habían comido desde el día sábado”.
Condori Olmedo temió que Franco Tinco lo abandonara con los restos del cadáver, y en efecto, este ultimo huyó con el cuento de ir a bañarse. Condori Olmedo terminó por seccionar la cabeza y junto a otros restos hervirlos en otras ollas para dárselo a sus mascotas.
El juez relató el crimen cometido con gran crueldad, alevosía e insensibilidad que terminaría con la captura de Condori Olmedo por familiares y policías la mañana del pasado 25 de abril. En un segundo nivel encontrarían el dorso, osamentas, ropa y otras evidencias que tras análisis científicos dieron la identidad de Rudhy. Al día siguiente cayó su cómplice por el mercado Vinocanchón con posesión de marihuana.
Ambos tipos purgarían en el penal por no menos de 15 años por el delito de homicidio calificado, hurto agravado y posesión de marihuana. En tanto, el Ministerio Público debe agilizar las investigaciones del caso.

Redacción La Última

• El delito que más avanza en la región se vincula con las extorsiones, que subieron en 24 % respecto al 2024. Ese hecho, en el corto y mediano plazo, podrían afectar el turismo y la actividad minera.La inseguridad ya se relaciona con actividades de extorsión de bandas criminales que operan en la ciudad del Cusco, mientras que en algunas provincias se ha puesto en evidencia el crecimiento sostenido de actividades de minería ilegal.En 2025, la extorsión fue el delito que aumentó en la región. Se registraron 14 casos por cada 100 mil habitantes. Eso equivale a 26 % más que en 2024 y siete veces más que en 2019. La cifra, por sí sola, ya alerta de un problema que podría poner en aprietos a la ciudad y ahuyentar al turismo. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), menos del 20 % de las víctimas denuncia los hechos, por lo que hay un subregistro de casos de extorsión en la ciudad.*Minería en provincias*Según datos oficiales, el crecimiento de la minería ilegal es otra actividad delictiva que ha aumentado el año pasado. En 2025, el Ministerio Público registró seis denuncias por minería ilegal por cada 100 mil habitantes en Cusco, un aumento de 50 % respecto a 2020.La provincia de Chumbivilcas concentra casi la mitad de los casos. Le siguen Quispicanchi (14 %) y La Convención (12 %). En estas tres provincias, las denuncias por todo tipo de delitos crecieron 44 % frente a 2019. No aparece en este mapeo la provincia de Paucartambo, donde también se desarrollan actividades mineras informales e ilegales. *Los peligros*Cusco no es cualquier región. Es uno de los principales destinos turísticos del país y, al mismo tiempo, un territorio por donde pasa el corredor minero del sur. El avance del crimen organizado pone en riesgo ambas actividades económicas. Por un lado, deteriora la imagen de seguridad que necesita el turismo. Por otro, generan conflicto en el mercado minero.La capacidad de respuesta del Estado, además, es limitada. Aunque Cusco cuenta con 462 policías por cada 100 mil habitantes (por encima del promedio nacional), la infraestructura no es la más adecuada. Cifras oficiales, de Contraloría y otras entidades, precisan que menos del 30 % de las comisarías está en buen estado y el 40 % no tiene servicios básicos adecuados.A esto se suma un presupuesto en retroceso. En 2026, se asignaron S/66 millones para proyectos de orden y seguridad, 13 % menos que en 2025.