Luego del trágico accidente vial que dejó cinco fallecidos y varios heridos de la Nación Q’eros, la alcaldesa de Paucartambo, Miriam Hancco, fue cuestionada sobre el apoyo real brindado a los damnificados. Al respecto, la autoridad edil se limitó a señalar que conversó con el director del hospital y el gerente de Salud; sin embargo, no detalló acciones concretas de ayuda.
«Nadie está libre de un accidente, puede ocurrir cualquier situación complicada. No creo que sea bueno mencionar (de qué manera), pero estamos apoyando desde nuestro espacio municipal, incluso con nuestros regidores. Hoy también me voy a apersonar al hospital», declaró la alcaldesa visiblemente incómoda.
En otro momento, la autoridad solicitó discreción argumentando que «no se deben ventilar muchas cosas» para evitar comentarios de que se está utilizando la tragedia con fines políticos. Asimismo, recalcó que viene apoyando «no solo con palabras, sino con hechos», señalando que la prioridad actual de los afectados es el hospedaje mientras se recuperan en los hospitales de Cusco.
«Se están quedando en un hospedaje todos los familiares. Tenemos la relación correspondiente. Hemos hablado con el presidente comunal y coordinado con el alcalde del centro poblado, con quien ellos tienen mayor comunicación», manifestó.
ESTADO DE LA CARRETERA
Respecto a las condiciones de la vía donde ocurrió la tragedia, Hancco argumentó que, al tratarse de una zona cultural ancestral, existen limitaciones para ejecutar obras pues necesitan permiso de la Dirección de Cultura. Tras pedir «consciencia» a la población, afirmó que los trabajos de mantenimiento están a la espera de que finalicen las granizadas en la zona, pero aseguró que la maquinaria intervendrá apenas mejore el clim

El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Convención logró una sentencia condenatoria contra cuatro ex servidores públicos de la Municipalidad Provincial de La Convención y una empresaria, luego de hallarlos culpables del delito de colusión simple, tras demostrarse las concertaciones ilícitas cometidas durante los meses de junio y julio del año 2015.
El fallo judicial dictó cuatro años de prisión efectiva para Fany Elvira Díaz del Mar, exjefa de la Oficina de Abastecimiento. Asimismo, se impuso una pena de cuatro años de libertad (convertida a 208 jornadas de servicio comunitario) para José Agapito Dongo Marca (exjefe de Personal) y Nilton Betancurt Portillo (exjefe de Cotizaciones). Por su parte, el exoperador del SIAF, Kenny Elvis Pinares Montesinos, y la gerenta de la empresa Faberis E.I.R.L., Erika Araujo Echegaray, recibieron tres años de pena restrictiva convertida a 156 jornadas comunitarias. Todos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos y deberán pagar una reparación civil solidaria de 30 mil soles a favor del Estado.
Según la investigación fiscal, los ex funcionarios municipales y la representante legal de la empresa Faberis E.I.R.L. concertaron para defraudar a la institución mediante el fraccionamiento deliberado en la compra de uniformes para el personal municipal. A través de cuatro requerimientos independientes por montos menores a las 3 UIT, que sumaron un total de S/. 45,480.50 soles, los sentenciados evitaron llevar a cabo un proceso de selección regular y competitivo, vulnerando de forma directa los principios de transparencia, legalidad, competencia y eficiencia contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado.
Durante el juicio oral, el Ministerio Público acreditó graves irregularidades documentales y operativas en los procedimientos de contratación, tales como la sustracción y reactivación informática de órdenes de compra previamente anuladas en el sistema del área de abastecimiento. Del mismo modo, se demostró que el proveedor entregó la totalidad de las prendas en un solo bloque y antes de que se emitieran formalmente las órdenes de compra obligatorias. Esta recepción anticipada e irregular fue validada por los propios exfuncionarios para asegurar el beneficio de la empresa adjudicada, configurándose plenamente el ilícito penal.

Redacción La Última

La Contraloría General de la República identificó que la camioneta oficial asignada al despacho de alcaldía de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, de placa de rodaje EAI-463, fue utilizado para actividades particulares, de manera injustificada y fuera del horario laboral, lo que significa un uso irregular de bienes del Estado.
En el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 005-2026-OCI/1627-AOP, que comprende el periodo de evaluación del 8 al 27 de abril de 2026, se señala que la unidad móvil fue interceptada por efectivos policiales mientras en su interior se transportaban bebidas alcohólicas, lo cual denotó un uso irregular e injustificado de bienes del Estado, no acorde a los objetivos institucionales, que afectó la imagen de la institución.
El hecho derivó en la detención de los ocupantes, entre ellos el alcalde Máximo Rimachi Morales y trabajadores ediles, además de la retención del bien estatal por parte de la Policía Nacional del Perú, que mantuvo bajo custodia el vehículo oficial intervenido durante una incursión nocturna en inmediaciones de una asociación de vivienda.
La Contraloría enfatizó que se constató que el vehículo transportaba a una persona ajena a la entidad, contraviniendo las disposiciones de control interno y seguridad.
DE LA INTERVENCIÓN
La comisión de control analizó la papeleta de salida, los registros del cuaderno de control de vehículos y los informes de la oficina de recursos humanos, los cuales confirmaron que no existía una comisión de servicio autorizada ni justificación protocolar para el desplazamiento de la unidad en dicho horario. Estas decisiones omitieron las prohibiciones vigentes sobre el transporte de personal no autorizado y el uso de los bienes estatales.
Cabe indicar que el Reglamento Interno de Servidores Civiles y el Código de Ética de la Función Pública prohíbe estrictamente el uso de bienes, servicios o infraestructura estatal para asuntos personales o ajenos al cumplimiento de las labores asignadas.
Los hechos contravienen los principios de probidad y legalidad, ya que el uso de los recursos del Estado debe orientarse exclusivamente a la satisfacción del interés general y la obtención de niveles de eficiencia en la gestión pública.
Ante estos hallazgos, la Contraloría General de la República recomendó al titular de la entidad adoptar las acciones inmediatas que correspondan en el ámbito de sus competencias para el deslinde de hechos que evidencian presunta responsabilidad de autoridades y servidores de comuna distrital de San Jerónimo.

Redacción La Última