Cusco
Conozca a los actores poco conocidos y perseguidos de la cadena que mueve la minería ilegal en el Perú
• Poco se habla de la cadena de actores que giran alrededor de esta actividad ilícita. No se señala a financistas, autoridades y policías corruptos, plantas procesadoras y redes criminales.El minero que entra a los socavones o baja al río para sacar minerales es el eslabón más débil en la cadena de actores de la minería informal e ilegal, que no funciona sola ni aislada. Para desarrollarse y sostenerse necesita una red de financistas, autoridades aliadas, policías corruptos, compradores, plantas de beneficio y comunidades. Son eslabones invisibles, o que buscan mantenerse invisibles, por lo que el Estado no los controla o los controla poco. Zaraí Toledo Orozco, politóloga que investigó las economías ilegales, dijo tras la masacre de 13 personas en Pataz, que el gobierno no conoce el problema por lo que se enfoca en quien extrae el mineral, la persona que más se expone y menos gana. Toledo dijo que una política que ataque a esas economías ilegales debe apuntar a quienes se benefician y las financian, y contar con un servicio de inteligencia para reconocer a los actores y sus nexos con grupos criminales y políticos.Para que una mina empiece a operar debe haber financistas o prestamistas, personas o redes que ponen dinero, maquinaria, combustible, explosivos y campamentos. Muchas veces nunca pisan una mina, pero se quedan con la mayor parte de la producción.Estos “empresarios” tienen como aliados a alcaldes, gobernadores y congresistas que ofrecen protección política, impulsan normas, como la ampliación del Reinfo o la flexibilización de leyes, y frenan operativos. Muchos presentan a la minería ilegal como “trabajo del pueblo” para ganar legitimidad y votos. A eso se suman funcionarios de gerencias o direcciones regionales de Energía y Minas que facilitan trámites irregulares o miran a otro lado frente al daño ambiental.El analista Iván Arenas señala que algunos congresistas ya representan a este tipo de minería y desde el Congreso apoyaron y promovieron normas para flexibilizar la lucha contra la informalidad e ilegalidad. “Algunos gobiernos regionales también han sido los culpables de la informalidad, del fracaso del REINFO. Asimismo, en lugares donde hay minería informal, los alcaldes están coludidos y en algunos casos son hasta tenedores del registro”, dijo.Las redes ilegales también logran el apoyo de comunidades o dirigentes cooptados con pagos o entrega de beneficios. Otros son presionados o amenazados por organizaciones criminales, como ocurre en la Amazonía. En algunos casos, terminan convertidos en aliados y socios.De la misma forma, miembros de la Policía y del Ejército cobran cupos para permitir el paso de combustible, maquinaria o mineral, así como alertan sobre operativos, custodian convoyes o campamentos, simulan interdicciones y protegen rutas ilegales. Hay policías involucrados en el robo de oro en Cusco, Puno y Lima, mientras que en La Libertad han sido denunciados por liberar “paqueteros” y desaparecer mineral incautado. Según el medio Causa Justa, pagan a policías entre 10,000 a 50,000 soles para transportar minerales.La cadena se completa con compradores, plantas de beneficio y comercializadores. Son acopiadores locales, empresas exportadoras, intermediarios que “blanquean” mineral ilegal mezclándolo con producción formal y casas de compra que no verifican el origen. Al respecto, Arenas dijo que sin las plantas no habría el desorden que hay hoy, que han generado un mercado atractivo. “Algunas reciben producción sin ningún tipo de fiscalización más allá del Reinfo”.A nivel nacional, 304 plantas procesan minerales en 17 de departamentos, muchas son informales e ilegales, y muchas otras reciben minerales sin verificar si efectivamente su procedencia es formal. Esas plantas facilitan la expansión de este tipo de actividades y se convierten en el canal de ingreso del oro ilegal al mercado formal. No se puede obviar tampoco el papel de los proveedores de explosivos y combustible, las bandas que trafican mercurio, los dueños de maquinaria pesada, los talleres mecánicos y las empresas de transporte. Ni ignorar que alrededor de esta actividad, y muchas veces con ella, operan también redes criminales dedicadas a la trata de personas, prostitución, extorsión, sicariato y lavado de dinero.
Cusco
[#LAULTIMA] Pedirán 9 meses de prisión preventiva para suplantadores en la UNSAAC que cobraban hasta S/ 40 mil soles

CUSCO, 21 DE JULIO DE 2026 – Un severo golpe a las redes mafiosas dedicadas al fraude académico fue asestado por el Ministerio Público en la ciudad imperial. La Fiscalía Especializada en Delitos de Flagrancia del Cusco confirmó que solicitará nueve meses de prisión preventiva contra Carlos Andrés Mamani Paje y John Edward Rodríguez de La Cruz, tras ser capturados de forma in fraganti operando como coautores de una red de suplantación en los exámenes de admisión de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC).
A los imputados se les atribuye la presunta comisión de delitos contra la Fe Pública en las modalidades de falsificación de documentos en general, adulteración de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) y falsedad ideológica. De acuerdo con las indagaciones preliminares, la organización cobraba sumas de hasta 40 mil soles por aspirante a cambio de suplantar la identidad de los postulantes mediante sofisticadas falsificaciones. En el proceso judicial en curso, tanto las autoridades de la UNSAAC como representantes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) asumirán la representación legal del Estado como partes directamente agraviadas.
📌 BREVES INFORMATIVAS DEL DÍA
- Estudiantes toman la UNSAAC en rechazo a casos de violencia psicológica y por demora en carnés universitarios: Medida de fuerza en la ciudad universitaria. Alumnos de diversas escuelas profesionales bloquearon los accesos y tomaron la sede central de la UNSAAC, denunciando la inacción de las autoridades ante denuncias por violencia psicológica e insistiendo en la entrega inmediata de los nuevos carnés universitarios expedidos por la Sunedu.
- Padres de familia de la I.E. Alejandro Velasco Astete protestan y piden la expulsión de docente por maltratos: Conflicto en el sector educación. Un nutrido grupo de padres de familia se plantó en los exteriores del plantel exigiendo la salida inmediata de una profesora acusada de agredir verbal y psicológicamente a los estudiantes, solicitando la intervención de la UGEL Cusco para su separación preventiva.
- Municipalidad Distrital de Huayllabamba expone a más de 670 pobladores ante eventuales desbordes del río Vilcanota: Alarma por falta de prevención de desastres. Informes técnicos revelaron que la gestión municipal de Huayllabamba omitió la atención de puntos críticos y descolmatación en los márgenes del río Vilcanota, dejando en condición de extrema vulnerabilidad a 675 vecinos frente a la aproximación de la temporada de lluvias.
- Condenan a 10 años de prisión efectiva a exalcalde de Vilcabamba y cuatro implicados por lavado de activos: Fuerte fallo anticorrupción en La Convención. El Poder Judicial dictó 10 años de cárcel contra la exautoridad municipal de Vilcabamba y cuatro de sus exfuncionarios, tras comprobarse el blanqueo de capitales provenientes de diezmos e irregularidades en licitaciones de obras públicas.
- GORE Cusco arranca la edificación de la nueva infraestructura de la UGEL Espinar con S/ 29 millones: Descentralización e infraestructura institucional. Con la colocación de la primera piedra, el Gobierno Regional del Cusco inició formalmente la construcción de la nueva sede de la UGEL Espinar, proyecto valorizado en 29 millones de soles que contará con data center, auditorio y oficinas de atención al docente.
- Jardín Botánico de Wanchaq promueve hábitos saludables con talleres de aeróbicos para adultos: Espacios públicos recuperados para la comunidad. La Municipalidad de Wanchaq habilitó las áreas verdes del Jardín Botánico para desarrollar sesiones gratuitas de aeróbicos y bailoterapia, enfocadas en mejorar la salud física y mental de los adultos del distrito.
Cusco
Contraloría advierte que municipalidad de Huayllabamba dejó sin atender tres puntos críticos del río Vilcanota y expone a 675 personas a inundaciones
• Un informe de control revela que esta comuna no gestionó financiamiento ni ejecutó acciones preventivas pese a tener tres zonas calificadas con nivel de peligro «alto», y mantiene sin respuesta una solicitud de financiamiento.
Un informe de visita de control de la Contraloría determinó que la Municipalidad Distrital de Huayllabamba, en Urubamba, no adoptó acciones oportunas para gestionar la atención de los riesgos identificados en tres puntos críticos del río Vilcanota. Con eso deja expuestas a 675 personas, 135 viviendas y 37 hectáreas de cultivo ante posibles inundaciones y desbordes.
El documento, elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Urubamba, detalla que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) elaboró las fichas técnicas referenciales 0751, 0752 y 0753 el 13 de octubre de 2025 e identificó tres puntos críticos en los sectores Huayoccari, Huayllabamba y Huycho. Todos calificados con nivel de peligro «alto» por inundación y erosión fluvial.
La municipalidad recibió las fichas el 23 de octubre de 2025 y las derivó a la Subgerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural para su atención. Sin embargo, la Unidad de Gestión de Riesgos —el área responsable de liderar las acciones de prevención— nunca recibió las fichas para su conocimiento, evaluación y atención, según corroboró el propio jefe de dicha unidad en el formato 01 aplicado el 7 de julio pasado.
Pese a que la entidad utilizó la información de las fichas para solicitar opinión técnica favorable para acceder a financiamiento a través de FONDES no acreditó haber adoptado acciones articuladas para implementar las medidas de reducción del riesgo. Tampoco recibió respuesta formal a su solicitud de financiamiento.
Los elementos expuestos en los tres sectores críticos incluyen: 675 habitantes en situación de vulnerabilidad directa, 135 viviendas que podrían ser afectadas por inundaciones y erosión, 37 hectáreas de áreas agrícolas podrían perderse, así como infraestructura vial, canales de riego y ganado.
El presupuesto referencial para ejecutar las medidas de protección asciende a más de S/11.5 millones: S/2 046 997 para Huayoccari, S/3 033 788 para Huayllabamba y S/6 472 501 para Huycho.
El segundo hallazgo es aún más crítico. La entidad no gestionó el financiamiento necesario para ejecutar las obras. El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos señaló que los recursos disponibles se enmarcaban en un convenio con el Programa Nuestras Ciudades (PNC) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero dicho convenio no se encuentra vigente durante 2026. La municipalidad intentó ampliarlo, pero no obtuvo respuesta formal.
Los recursos presupuestales disponibles son insuficientes para ejecutar la totalidad de las medidas propuestas. La entidad tampoco incorporó recursos para financiar las intervenciones completas, pese a que la Ley N. ° 32513, autoriza excepcionalmente a los gobiernos locales a destinar hasta el 20 % de los recursos del canon y sobrecanon minero, así como del Fondo de Compensación Regional (FONCOR), para actividades de prevención y reducción del riesgo de desastres, incluyendo limpieza y descolmatación de cauces, protección de márgenes y construcción de diques.
Frente a esta situación, la Contraloría emitió el Oficio 000457-2026 para notificar al alcalde distrital, Wilbert Baca Olayunca, y le otorgó un plazo para comunicar las acciones preventivas o correctivas adoptadas. Mientras tanto, la temporada de lluvias se acerca y los pronósticos del ENFEN advierten que las condiciones favorables para el desarrollo del Fenómeno El Niño podrían prolongarse hasta febrero de 2027. La inacción podría traducirse en una tragedia.
Cusco
Antonianos tomaron ayer local universitario en el Cusco
Rechazan casos de violencia psicológica y exigen nuevos carnés universitarios
Ayer fue tomado el local central de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, por decenas de estudiantes, con el fin de exigir a las autoridades solución a sus demandas académicas, las mismas, que según señalaron fueron postergándose a través del tiempo.
Esta medida, según refirieron los manifestantes, expresa además su pleno respaldo a los universitarios que cumplen medidas de lucha, desde hace una semana, en la sede la filial de provincia de Espinar y en Curahuazi, (Apurímac).
De acuerdo con un comunicado emitido por la Federación Universitaria del Cusco (FUC), se solicita a las autoridades antonianas investigar los casos de violencia psicológicas contra los estudiantes.
Asimismo, se exige la convocatoria a examen de admisión para el semestre 2026 – II, en la filial de Curahuazi, región Apurímac.
De otro lado, se solicita proteger las vacantes del Centro Preuniversitario, implementar laboratorios y cámara Gesell, para la escuela profesional de Psicología, ejecutar el fideicomiso y demandas para Kayra.
De otro lado, los estudiantes que tomaron la Tricentenaria Casa de Estudios Superiores, solicitan al rector, Lauro Enciso, la construcción de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica, incluir a los voluntarios estudiantiles en la Beca del Comedor Universitario y ampliar la vigencia de los carnés universitarios, hasta la entrega de los nuevos, por afectar su economía.
Redacción La Última
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