San Sebastián destinó recursos para cerrar brechas a una IOARR y mantiene S/2,2 millones sin ejecutar

• Contraloría advierte que utilizó S/718 321 en una inversión que no califica como proyecto de inversión pública ni ayudará a cerrar brechas. Ese usó podría configurar el delito de malversación de fondos.

El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Distrital de San Sebastián identificó dos situaciones adversas en el uso de los recursos provenientes del incremento del Fondo de Compensación Municipal (Foncomún).
Para el año fiscal 2026, la municipalidad recibió S/2 218 321 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Estos recursos debían ser destinados para financiar proyectos de inversión pública que contribuyan al cierre de brechas sociales, como la pobreza.
El primer hallazgo se refiere a una inversión denominada “Remodelación de área administrativa y de atención al cliente; en el espacio de trabajo del personal y áreas de atención al ciudadano del local municipal”.
Según la verificación realizada en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del MEF, se trata de una Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR).
La normativa establece que los recursos del incremento del Foncomún deben destinarse únicamente al financiamiento de proyectos de inversión pública que contribuyan al cierre de brechas. La Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, además, precisa que las IOARR no son proyectos de inversión. La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF, consultada por el OCI sobre este caso, confirmó que los recursos tienen como único destino el financiamiento de proyectos de inversión pública que contribuyan al cierre de brechas.
Pese a ello, la municipalidad destinó S/718 321 a la citada IOARR. OCI advierte que esta situación podría afectar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos, porque reduce el monto disponible para financiar proyectos de inversión destinados a cerrar brechas. Utilizar recursos públicos para fines distintos de los establecidos por ley podría configurar el delito de malversación de fondos.
Tres inversiones no registran ejecución
El segundo hallazgo corresponde a la ejecución de los recursos. Al 17 de agosto de 2026, tres de las cuatro inversiones financiadas con el incremento del Foncomún registraban 0 % de ejecución presupuestal. En conjunto, estas inversiones tenían asignados S/1 718 321.
Una de ellas es la “Creación del servicio de movilidad urbana en la APV Villa Jardín Los Metodistas y la APV Metropolitano de Alto Qosqo”, que tenía S/500 000 asignados. La segunda es la remodelación del área administrativa, con S/718 321. La tercera es la “Creación del servicio de movilidad urbana en las vías locales de la APV Las Praderas del Inca”, con S/500 000.
Para el OCI, esta situación podría afectar el uso eficiente de los recursos públicos y retrasar la atención de las necesidades prioritarias de la población. El informe recuerda que la Ley 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, establece que corresponde al titular del pliego conducir la gestión presupuestaria en todas sus fases y ejercer el control del gasto.